Siete jóvenes que trataban de superar su adicción a las drogas en una clínica clandestina en Ecuador fallecieron en un incendio. Se encontraban encerrados en un presunto centro de desintoxicación que operaba sin permisos en una vivienda del suburbio de Guayaquil. No lograron escapar de las llamas ni ser rescatados. La clínica ya ha sido clausurada.

Los vecinos intentaron apagar el fuego con el agua de las piscinas inflables que proliferan en las aceras de los barrios más populosos durante los cuatro días de carnaval. Aunque algunos de los pacientes de la clínica ilegal pudieron ser evacuados a tiempo -cinco heridos fueron ingresados en el hospital-, los cuerpos de los siete fallecidos permanecían este miércoles en la morgue, primer día lectivo tras el puente, en espera de que sus familiares los identificaran.

Una fundación con el membrete Súmate a la Vida funcionaba como pantalla del centro de desintoxicación que hoy colecciona sellos de clausura del Cuerpo de Bomberos y del Municipio de Guayaquil después del incendio. Antes del suceso y del cierre, había cerca de 30 internos a los que se les prohibía salir para que superaran sus adicciones al alcohol y las drogas. Uno de los fallecidos se había recluido voluntariamente, a pesar de que este tipo de clínicas clandestinas suelen acudir familiares desesperados que dejan aislados a sus parientes hasta que pasen el síndrome de abstinencia, pese al “peligro latente” que, según los bomberos, representan estos centros sin control.

No se ha oficializado ninguna versión sobre cómo inició el fuego, pero los equipos de Emergencias lo achacan a que uno de los mismos internos en tratamiento provocó el incendio con un colchón precisamente para forzar su escapatoria. “Encontramos que en un ala izquierda no hay salida de escape, es donde se han ubicado las personas quemadas”, dijo el responsable de la agencia pública que controla este tipo de clínicas al diario local El Universo. Según Guillermo del Pozo, director de procesos sancionatorios de la zona de Guayaquil, la clínica incumplía las normas sanitarias, no manejaba apropiadamente los desechos y no estaba registrada ni en el Ministerio de Inclusión Social ni en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.

Esta entidad supervisa que ese tipo de espacios tengan los permisos y atiendan a personas con adicciones con las instalaciones, el personal y las políticas adecuadas. De acuerdo con el reporte de la agencia, en la clínica guayaquileña había seis habitaciones en la planta baja del establecimiento. “Todas con ventanales con rejas y la cerradura de las puertas por fuera”, describe el informe. Apunta, incluso, a hacinamiento. Los dueños de la vivienda o los responsables de la fundación se dieron a la fuga y no han aparecido hasta ahora.

Cada dormitorio, de tamaño reducido, contenía varios colchones y literas que terminaron quemados y con restos de hollín. Había, además, de acuerdo al parte, una especie de sala de castigos de un metro cuadrado con puerta de acero donde dejaban a los internos encerrados por tiempo indefinido. Pese a la clausura del centro, Del Pozo reprocha que la ciudadanía no denuncie estos establecimientos que abren una y otra vez en otros puntos de la ciudad cada vez que son desmantelados. El año pasado, hubo una veintena de intervenciones de cierre y, en diciembre, otra persona con problemas de adicción apareció muerta en otro centro irregular de Guayaquil. En 2019, también en una clínica del suburbio guayaquileño, murieron en un incendio 18 personas que estaban en tratamiento por adicciones. “No permitiremos que esto continúe”, prometió el gobernador de la provincia de entonces: “Vamos a regular o clausurar”.