Los tiempos y circunstancias de antaño en el tablero de la competencia entre los géneros llegaron para no tener espacio de maniobra a retorno alguno en la reforma política electoral constitucional de 2014, asegurando como precepto los espacios equiparables en fórmula para las mujeres y los varones en la postulación de candidaturas a cargos de diputaciones, federales y locales, así como en senadurías.

Un avance progresivo que en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, igual de integración paritaria, por Acuerdo INE/CG569/2020ordenó a los partidos a postilar mujeres en cuando menos siete de las 15 gubernaturas que se renovarán en las votaciones del seis de junio próximo; impugnado por las dirigencias masculinas de los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su sentencia deberá ser congruente con las diversas jurisprudencias precedentes emitidas en pro de las mujeres.

Pronunciarse en sentido contrario sería incongruente, una evidencia obsequiosa que ha tenido desde que se integró en la anterior gestión de un gobierno neoliberal, demeritando el legado de sus antecesores  quienes incluso anularon elecciones de gobernador de Tabasco y en dos ocasiones Colima, pero  en su caso las pasó por alto con los argumentos en Estado de México y Coahuila en 2017.  

En la lógica de las Acciones Afirmativas, que tienen el objetivo de buscar el equilibrio incluso en lo político, los partidos saldrían perdiendo, cuando hay la posibilidad de que a la inversa una sentencia jurídica les obligue a postular a ocho mujeres y siete hombres en gubernaturas.

El constituyente federal hasta entonces celosamente dominado por el machismo no es que fuese dadivoso con el hecho de otorgar semejantes prerrogativas a las féminas que históricamente han luchado por esos espacios, sino que era una asignatura pendiente a cumplir dentro de un apartado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, antecedente del T-MEC.

Desde 1922 en Yucatán, con Felipe Carrillo Puerto como gobernante, y 1925 en Tabasco, con Tomás Garrido Canabal, cuando se les otorgó el derecho a la mujer de votar y a ser votadas en regidurías, hubo que pasar nueve décadas para reivindicarles en sus aspiraciones de participar directamente en la gobernanza del país y ya no ser marginadas a suplencias ni a espacios perdedores.

Mucho mérito tuvo Elvia Carrillo Puerto como una precursora lideresa feminista, política y sufragista mexicana, como para que de inicio su hermano como gobernador presentara al congreso una iniciativa que luego pasó a ser decreto en un primer paso por reconocer la igualdad en los derechos políticos electorales.  

Una luchadora social que se ganó el mote de Monja Roja del Mayab, miembro del Partido Socialista del Sureste, elegida diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, una de las tres primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México, en una época en que las mujeres no tenían todavía el derecho al voto; derecho por el que luchó incansablemente hasta su obtención en 1953.

Por supuesto que en Tabasco dolió a la cúpula de los partidos tener que acatar el mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que además tuviesen que ceder ocho de las 17 candidaturas a cargos de presidencias municipales para el proceso electoral local ordinario 2014-2015 en Tabasco, de donde es originario el actual Presidente de México.

Los partidos políticos predominantemente de hombres en ese evento confinaron a municipios perdedores a las mujeres candidatas en alcaldías, pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la posterior proceso electoral ordinario 2017-2018 emitió por Acuerdo CE/2016/050 los lineamientos que desde entonces prevalecen para las postulaciones en el equilibrio paritario y también en la competencias, en las posiciones de baja, mediana y alta posibilidades para alzarse con la victoria.

Del laboratorio de la democracia que es Tabasco, estas aportaciones se replicaron por los en los demás organismos en sus procesos actuales, hasta llegar al ámbito del Instituto Nacional Electoral.

El tema de paridad igualitaria y de competencia en las elecciones constitucionales, ejecutivas y legislativas, no habrá manera alguna de borrarle sino que tendrá que plasmarse en la próxima reforma política a la propia constitución, federal y locales.

Las decisiones arbitrarias para retroceder en la vida democrática electoral ya no se darán más, como ocurrió con las candidaturas comunes y antes de ello con las independientes, que se reincorporaron luego de un considerable tiempo dese que de borraron de un plumazo, en la coyuntura de los intereses mezquinos por favorecerse primero el régimen autoritario y ahora los partidos, que parecen no estar dispuestos a lo inevitable en el avance del entramado democrático electoral.

Por lo pronto para este proceso electoral ordinario 2020-2021 en la concurrencia de 32 elecciones locales, otra vez el consejo estatal del organismo electoral de Tabasco incorporó al principio  paritario que los partidos postulen en regidurías a jóvenes entre 21 y 29 años e indígenas en la gobernanza, regidurías y diputaciones.

Aún más, a través de las convocatorias de ambos cargos recién publicadas se incorporó la aportación del INE de cerrarle el paso a la postulación como candidatos a varones con antecedentes de violencia política en razón de género, extensiva a la vida familiar y su penalización judicial.

Bitácora

Más de un político ya no tendrá cabida de acceder a cargos de elección popular, por un asunto cultural machista que les tiene marcado.

eduhdez@yahoo.com