Los partidos, como en ocasión del devastador terremoto de 19 de septiembre de 2017, deberían plantearse una vez más la pertinencia de aportar parte del financiamiento público que cada año reciben por precepto constitucional, para contribuir a la solidaridad que exige una crisis de salud pública mundial por la cepa del coronavirus 19, emergido justo en vísperas de este año, que inevitablemente llegó a México, al grado de que se instruyó a la ciudadanía quedarse en casa, como medida para abatirlo.

Para este 2020 -cuando no estaba en el radar la letalidad de la pandemia que tuvo su epicentro en China- el sistema de partidos tiene asignado recibir durante el discurrir de los 12 meses unos 5 mil millones  239 mil 001.65 pesos para sus actividades ordinarias y específicas, además de las franquicias postales así como telegráficas.

El espíritu nacionalista debería manifestarse no sólo con spots mediáticos: radio, televisión y redes sociales, sino también en pesos y centavos regresando una parte de ese dinero, que deriva de los impuestos de contribuyentes, a la hacienda gubernamental para que esta la asigne a combatir la emergencia que ya escaló a la segunda fase, en lo que sea prioritario ante la amenaza de fácil contagio que lleva a la muerte principalmente de aquellos con padecimientos crónicos degenerativos.

También es fundamental la prioridad de fondear el trabajo de investigación por parte de la comunidad científica médica para hallar en lo inmediato el desarrollo de una vacuna preventiva al virus, así como lo ameritó en su momento aquel 2009 cuando por estas fecha irrumpió la influenza AH1N1 con epicentro en territorio mexicano, extendida al mundo.

el presidente Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa mañanera apeló a su política de austeridad en agosto de 2019 a que los partidos considerasen devolver a la cuando menos la mitad de los 4 mil millones 988 mil 86491 pesos correspondiente a financiamiento ordinario conjunto, que en la víspera aprobó el Instituto Nacional Electoral en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 41 constitucional federal.

Un dinero ordinario asignado que se incrementa un 50 por ciento adicional cuando hay elecciones para Presidente de la República, como en las campañas de 2018 y,  ahora corresponde un 30 por ciento cuando sólo habrá en 2021 renovación de los diputados federales.

El planteamiento no tuvo eco, a excepción de que Yeidckol Polevnsky quien en funciones de presidenta de Morena solicitó sólo se le depositase el equivalente al 25 por ciento de su correspondiente partida; asunto que en la coyuntura oportunista decidió de manera unilateral cuando lo correcto era el consenso del Comité Ejecutivo Nacional.

La pugna entre el régimen de la cuarta transformación en la esfera del Congreso de la Unión les tiene confrontados, cada frente con sus argumentos a considerar. De ahí que en sesión del 12 de diciembre anterior la oposición –incluido los partidos coaligados- se negó a sumarse a la iniciativa con proyecto de decreto, motivo por el que Morena se quedó con su mayoría simple cuando se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de los integrantes del pleno.

La iniciativa que fue ingresada por segunda ocasión de por el Gobierno de México apenas el cuatro de febrero, pero al parecer hasta ahí llegaría la intención de modificar la fórmula de asignación de financiamiento a partidos, sólo en lo que corresponde a reducir de un 65 por ciento a 32.5 por ciento de la unidad de medida actualizada que determina el monto anual, multiplicada por el listado nominal de electores del INE con corte al mes de julio del año previo al que corresponda.

Parecieses quedarse en el camino el propósito de concretar la reducción del financiamiento público para las votaciones del seis de junio de 2021, cuando se renovarán a los actuales diputados federales concurriendo también las 32 locales, incluidas 15 en las que habrá elección de gubernaturas.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en lo que compete al artículo 105 establece que toda reforma electoral procede hasta 90 días previos al inicio del proceso, en ese caso hasta el 31 de mayo próximo; habida cuenta que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé para la primera semana de este septiembre la instalación del Consejo General del INE para el proceso 2020-2021, aun cuando por acuerdo el organismo reprogramó para octubre, por ajuste presupuestal.

Aún más, los tiempos para ajustar al 50 por ciento el monto del financiamiento actual ya no es factible, dado que se requiere igual del visto bueno de la mayoría calificada del senado y al final ser avalado por cuando menos 17 cámaras estatales, éstas sí con la sola mayoría simple.

El ajuste no trastoca el entramado en las actividades preparatorias a la jornada cívica en la que por voluntad popular elegirán autoridades de gobierno legislativo en lo federal, además de lo concerniente a los 32 comicios locales.

Sólo Jalisco logró reducir sensible de financiamiento a partidos en agosto de 2017 con base al voto obtenido y no por listado nominal, la #LeyKumamoto, y en Tabasco se concretó el ajuste al 50 por ciento. Ambos desahogados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bitácora

Ahora que desaparecen los tiempos oficiales en medios, habrá que legislar con prontitud lo relativo a la difusión de las campañas mediáticas. No sólo es la ley federal de radio y televisión sino también a la constitución igual en el artículo 41. Por ahí podría abrirse algún resquicio para el financiamiento.    

eduhdez@yahoo.com