Certidumbre, la asignatura

El sistema político electoral mexicano habrá de replantear su pervivencia ante los desafíos que le impone la coyuntura de la emergencia sanitaria, no sólo será transitar hacia una impostergable democracia electrónica en los procesos constitucionales de renovación en sus autoridades de gobierno; también requiere del irrestricto respeto a las reglas del juego consecuente con el incentivo de la confianza a la voluntad popular.

La confianza por obligación deberá ser prioridad permanente a promover en el ejercicio del voto electivo del gobernador y/o presidentes municipales, regidores y/o diputados, locales y federales en el 2021.

Deberá asegurarse que el voto así sea el tradicional o bien electrónico: emitido por urna o desde un teléfono móvil vía la aplicación del INE que escanearía el código QR de la credencial, sea absolutamente confiable conservando sus características de universalidad, libre, secreto, directo, personal e intransferible,  por lo que compete a las instituciones administrativas y jurisdiccional electorales del ámbito local y federal.

Los partidos y candidatos tendrán que aprender a ser competitivos, no a pretender ensuciar el voto en la discordia. Lo contrario, afectará todo esfuerzo de una democracia que será distinta en su ejercicio.

Ninguno de los actores podrá alegar con tal ligereza ni frivolidad fraude, porque todos conocen y participan con su voz en consejos para emitir mediante acuerdos las reglas del juego electoral. Cualquier motivo de diferendo puede ser impugnado ante tribunales.

En la contemporaneidad no debe tener cabida el recurso de la suspicacia entre los competidores: partidos y candidatos, cuando que desde antaño se luchó ante un régimen monopolizador por forjar un organismo autónomo en su función pública de organizar procesos democráticos electorales de empoderamiento popular de gobernanza.

Emergido un organismo institucionalizado aquel octubre de 1990 en la figura del IFE que para 1996 logró su carta de autonomía, luego transitado desde el 10 febrero de 2014  hacia el INE, resulta ser al cabo de 30 años el activo genuinamente garante cada vez más robusto, siempre perfectible, para organizar votaciones en el entramado de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.     

Los partidos y sus actores públicos están negados a asimilar la democracia aun incipiente en el México de hoy, cuando en línea de transición del Siglo XX -dominado durante 71 años por el priismo-  se logró derribar la barrera hacia la alternancia presidencial, y la voluntad popular se armó de valor para liberarse del yugo  represor y optó por la alternancia.

Al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en su partido, acostumbrado a robar elecciones mediante las muchas artes del fraude concebida por ellos, furibundamente exigieron su expulsión inmediata al interior de la cúpula y entre la militancia; sin reconocer el hartazgo cosechado olvidando que se deben a la voluntad popular que exige siempre justicia social.

El desmoronamiento de un régimen corrupto e impune además de represor incido por el fenómeno Vicente Fox, quien captó la atención montado en la innovación de la mercadotecnia electoral, imán de las multitudes de votantes que le apostaron en el 2000.

En circunstancias iguales sucedió en 2018 a Enrique Peña Nieto de una eventual expulsión, ante el avasallador triunfo de Andrés Manuel López Obrador en su tercera contienda presidencial, esta vez montado en una suerte de movimiento social denominado Morena con registro de un partido político, que en el fondo dista de ser.

La partidocracia al no confiar en el competidor ni sentirse seguros de captar en su favor la voluntad popular se inclinan por incidir en acciones fraudulentas. No hay confianza en sí mismos ni en el adversario.

En la esfera de un análisis de antropología político electoral mexicana se entiende las razones multifactoriales para comprender el modus operandi de partidos y candidatos, quienes en su pobreza de formación ideológica así como falta de empatía y compromiso con el electorado sencillamente se reconocen incompetentes para ganar con sus estrategias en las urnas.

La confianza, habida cuenta, tendrá que ser un trema en el cual deben comprometerse el sistema político y electoral; en la actualidad los procesos en su conjunto se le incorporan cada vez más blindaje, independiente de que están en permanente vigilancia por partidos y organismos internacionales.

Por delante se tiene el desafío de romper con el prejuicio de que las elecciones están arregladas de tal suerte que “ya se sabe quién va a ganar”, motivo por el cual no tiene sentido ejercer su derecho político. Un equívoco razonamiento provoca que ante el marcado abstencionismo se cumpla porque al final decide una minoría.

Todos los involucrados tienen que comprometerse a mantener la vigencia de los principios constitucionales sobre todo de certeza y legalidad en los trabajos preparatorios de la macro jornada electoral del seis de julio de 2021, cuando los 32 estados del país tenderán sus propias votaciones locales, 15 de estas renovarán gubernatura concurrente con los comicios federales para renovar a los 500 legisladores de la cámara de diputados del Congreso de la Unión.

La apuesta debe ser porque en medio de una transición hacia el voto electrónico se ejerza por los 90 millones 036 mil 367 electores en listado nominal del INE, con corte al 27 de marzo de 2020; a mayor participación será la legalidad y el compromiso de quienes resulten designados por la voluntad popular.

Bitácora

Guste o no, cambiará radicalmente la gobernanza geopolítica.

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