No me gusta utilizar la palabra “dictadura”, porque muchas veces ha sido empleada como concepto propagandístico para desprestigiar a gobiernos de izquierda, o contra aquellos emanados de revoluciones populares que se oponen a proyectos hegemónicos occidentales, o que simplemente son distintos a la democracia liberal clásica. Sin embargo, las recientes reformas en El Salvador se acercan peligrosamente a esa palabra.

Aclaro: no catalogo a El Salvador como una “dictadura” en el mismo sentido que lo hace el discurso imperialista liberal. Lo hago desde la perspectiva de la democracia radical, una teoría política que sostiene que la rotación de cargos es esencial para evitar la concentración, acumulación y permanencia en el poder. Bajo esa óptica, permitir la reelección presidencial, y de cualquier cargo, constituye un vicio antidemocrático. Y precisamente sobre eso gira esta discusión, con la nueva reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de junio.

Con 57 votos a favor y solo 3 en contra, el partido oficial “Nuevas Ideas” hizo valer su amplia mayoría para impulsar modificaciones a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la constitución salvadoreña. La reforma plantea los siguientes cambios al sistema político-electoral:  1) Se adelantaron las elecciones presidenciales para 2027, con lo cual se reduce el mandato de Bukele que estaba programado hasta 2029, 2) se eliminó la obligatoriedad de la segunda vuelta electoral, en los casos en los que ningún partido o coalición obtenga mayoría absoluta y 3) se amplió el periodo presidencial de cinco a seis años.

Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, defendió la iniciativa argumentando que la reelección ya se permite en casi todos los cargos populares, y solo no estaba permitida para la Presidencia de la República. Para la diputada, solo se esta extendiendo algo que ya se permite en otros niveles. Pero vale la pena preguntarse ¿la reelección es válida en cualquier nivel? Aquí en México lo tenemos claro, el lema de la Revolución Mexicana fue “sufragio efectivo, no reelección”. La democracia radical también lo tiene claro: los cargos deben rotarse.

Esta, sin embargo, no es la ideología de Bukele. Él mismo se definido, entre bromas y provocaciones, como el “dictador más cool”. Y aunque al llegar al poder criticó a Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández como “dictadores” por sus intentos de perpetuarse en el poder, hoy sigue un libreto similar al de Chávez y el propio Ortega.

Bukele llegó a la presidencia en 2019 y uno de sus grandes méritmos fue romper con el bipartidismo dominante en el país. En aquel momento la dicotomía política dominante oscilaba entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de derecha, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda. Dos partidos emanados de la Guerra Civil que asoló el país de 1979 a 1992.

En ese contexto, Bukele, entonces alcalde de San Salvador, se presentó como una tercera vía, ajena a los vicios del sistema político de la post-guerra. Su gran promesa fue restaurar la paz, lo que derivó en su famosa “guerra contra las pandillas”. Esta estrategia, que ha llenado las cárceles del país, también ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.

Es importante recordar que la democracia salvadoreña es joven. Surgió tras los Acuerdos de Paz de 1992, con la mediación de México, que pusieron fin a la dictadura militar y al conflicto civil. Sin embargo, en 2021, al obtener mayoría en el poder legislativo, Nuevas Ideas reemplazó a la Corte Suprema y la nueva composición realizó una reinterpretación de la constitución, con el objetivo de permitirle a Bukele competir por otro mandato. Así, Nayib se presentó a la reelección en 2024, y con un aplastante 84.65% de los votos se convirtió en el primer presidente en lograr la reelección; una situación que no había ocurrido desde la dictadura militar. Y ahora con la reforma, Nayib podría volver a reelegirse.

Para muchas personas, el modelo de Bukele es prueba de orden y eficacia. Pero vale la pena preguntarse si realmente es un ejemplo a seguir. Desde mi perspectiva, las cárceles llenas no son un trofeo, sino el síntoma de un fracaso sistémico: el de un Estado que no supo ofrecer primeras ni segundas oportunidades. Es la evidencia de que el Estado renunció a prevenir y se limitó a castigar. Bukele ha instaurado un régimen carcelario que castiga sin reparar, que sepulta en una celda lo que no puede transformar. Su populismo punitivo vende una promesa sencilla: “encerramos a los malos y habrá paz”. Pero ese modelo no repara el daño, no reintegra a las personas, y tampoco transforma las condiciones estructurales que producen la violencia.

Sin justicia restaurativa, el miedo se convierte en el mejor aliado de un régimen autoritario.