Desplazamiento forzado; las mujeres periodistas como víctimas

En la Ciudad de México, la agencia Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil (CIMAC) presentó su investigación “Dejar todo”, un diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno. Puso sobre la mesa el impacto de esta situación en la vida de las mujeres periodistas y la escasa atención de los gobiernos estatales, locales y federal.

También dejó al descubierto el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de atención, prevención y protección de las mujeres periodistas en riesgo y sus familias.

En la presentación estuvieron la directora de la organización civil, Lucía Lagunes; Raquel Ramirez Acevedo, del equipo de investigación; Cecilia Jiménez Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados y Guillermo Fernández Maldonado, representante de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas,

Participaron con sus dolorosos testimonios las periodistas Rosa María Rodríguez Quintanilla, de Tamaulipas; Marcela de Jesús Natalia, comunicadora  indígena, y Griselda Triano, viuda del periodista sonorense asesinado Javier Valdez.

Veintiún periodistas desplazadas en México por violencia, tiene registradas  el diagnóstico “Dejar Todo” de CIMAC. Griselda Triana habló sobre su desplazamiento interno forzado.

Y no tienen ninguna garantía para un retorno seguro, ni políticas públicas para retomar sus proyectos periodísticos. La violencia se ha ensañado contra las periodistas, obligándolas a dejar todo para salvar sus vidas, expuso Lucía Lagunes.

Es tal la indiferencia del Estado, hizo notar Lagunes, que no tenemos un dato preciso de lo que está pasando; sin embargo los testimonios lo revelan.

Griselda Triano, de Sonora, mencionó que primero enfrentó el duelo del asesinato de su esposo Javier Valdez, también por amenazas de muerte contra ella y sus hijos. Tuvo que optar por el desplazamiento forzado.

  “Apagar la luz, cerrar  las ventanas las puertas del hogar en el que nació Javier  esposo, mis hijos y en donde ella vivió desde joven fue enfrentar otro duelo”.    

Rosa María Rodríguez, desplazada del estado de Tamaulipas, desde hace seis años, afirmó que un desplazamiento se da por las fallas del Estado, al no brindar protección efectiva.  “Nos dejan como única opción el desplazamiento, no lo hacemos porque así lo queramos, sino porque no tenemos otra alternativa para salvar nuestra vida y la de nuestros hijos”.

Rodríguez Quintanilla, se desempeñó como dirigente de una red de 130 periodistas tamaulipecas; narró con lágrimas que uno de sus hijos estuvo a punto de morir por la profunda depresión, y el menor todavía se mantiene bajo tratamiento médico.

Se quejó de que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, nunca ha reconocido a sus hijos como víctimas

El daño es brutal, vulnera a la familia, la comunidad, a las demás periodistas a la sociedad en general, a la democracia.

Marcela de Jesús Natalia, comunicadora desde hace más de 28 años, expuso que el desplazamiento, después de recibir amenazas de muerte y tres balazos es triplemente difícil como indígena ñanda de Guerrero. Antes se rebeló contra las normas de su  comunidad  al salir a estudiar, aprender a hablar español. “Fue difícil que mi comunidad me aceptara como mujer rebelde.  Ahora mis agresores se han encargado de manchar mi imagen, como madre e hija porque salí huyendo de manera clandestina, como una delincuente,  y eso duele, cala hasta los huesos”    

Se quejó de la falta de atención médica especializada para atender las secuelas de las lesiones.

Guillermo Fernández Maldonado representante de la ONU  opinó que el diagnóstico es un trabajo fantástico y destacó la importancia de construir un sistema de protección con las periodistas considerando sus distintas realidades y necesidades y que la obligación del Estado es proteger la libertad de expresión y a quien la ejerce.