El mundo al revés

El país, su pacto federado, gobernantes -ejecutivos y/o legislativos-  y sus 126 millones de habitantes para nada pueden ser anárquicos; ni en lo social ni en lo político sino que se norman por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con  derechos y obligaciones. Nada debe hacerse fuera de esta y sus leyes secundarias. Pero quienes se entienden que postulan a las autoridades de gobierno con representación popular ya alzaron la voz por el Acuerdo INE/CG193/2021 que busca se respete las reglas en las 32 votaciones locales y la federal de junio próximo.

Cómo alegar la cúpula  de un partido político que se le pretende cortar las alas, cuando ese Acuerdo del INE en controversia fue emitido en armonía con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la fracción V del artículo 54, reformado en 1996, establece con claridad que no puede haber en el ámbito electoral una sobrerrepresentación de diputados, federales ni locales, respecto de la porcentual de la votación obtenida en el cómputo oficial, incluso en el congreso.

Miente el presidente del partido político que con colmada soberbia se autonombra de la fracción legislativa mayoritaria en la Cámara de Diputados del Congreso dela Unión, cuando que igual él, como legislador con licencia, además de haber sido líder de la Junta de Coordinación Política, se entiende que conoce todo el entramado democrático, porque antes formó parte de la estructura electoral partidista.

El partido político predominante en el Congreso de la Unión está negado a respetar las reglas del juego electoral que tanto exigieron desde la oposición, y ahora que son quienes dominan este y 20 de los 32 congresos locales violentan el estado de derecho.

No pueden salir a propalar que hay un complot en contra del proyecto de país que impulsan, cuando aquellos a quienes postulan como candidato y harán  campaña proselitista de 60 días, a partir de este cuatro de abril hasta el dos de junio, para dar a conocer sus compromisos entre el colectivo social.

Olvidan que el elector es quien por voluntad popular mayoritaria decidirá si refrenda al partido, al candidato y el proyecto por el que le convenza; ya sea que el voto vaya en el sentido de revalidar a los mismos del proceso anterior u opta por la alternancia. Además quienes reciben y cuentan las boletas son los mismos ciudadanos, vecinos de la correspondiente sección electoral, esa casilla en la que concurre a ejercer su derecho político.

Llegada la jornada cívica del seis de junio para renovar diputación local y presidencia municipal, además de 15 gubernaturas y a los 500 legisladores federales, la elección queda literalmente en el dominio de los propios mexicanos, con la observancia de los representantes de los partidos políticos, incluido el que lleva en el pecho la camisa el ping del partido que hasta antes de septiembre fue oposición y en el relevo la voluntad popular les favoreció.

La misma voluntad popular que decidirá a quien le confirma y a quien quita en este ejercicio democrático mandatado por el artículo 41 constitucional, de ahí saldrá la integración de las nuevas legislaturas en de los 500 diputados en el Congreso de la Unión y la correspondiente en 30 estados.

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales sólo cumplen con una función pública de organizar las votaciones, salvaguardo que se respete la ley, y en este contexto se inscribe que los legisladores electos, sumados los uninominales y plurinominales, en el resultado final no tengan una sobrerrepresentación incluso una vez rendido protesta.

El Partido que presume pugnar porque en todo momento se respete la legalidad la acate en estricto sentido ante la misma,  esta que tanto reclamaron cuando fueron minoría legislativa, incluso militando en otro partido.

Un despropósito que mientras en Tabasco en su legislatura local anterior impugnaron una clara sobrerrepresentación, en la vigente a legislatura del Congreso de la Unión incurrieron en eso que repudiaron aquel 2016, violando el artículo 54, fracción V que permite un excedente de hasta ocho por ciento; y por su reacción pretenderían lo mismo en la siguiente legislatura.    

Con la instauración en 2014 del Sistema Nacional de Elecciones en al INE además de ocuparse de lo suyo reglamenta a los 32 organismos locales. Aún más, entre sus exclusivas facultades fiscaliza los informes financieros de partidos y candidatos, federales y locales, teniendo convenio con la Secretaría de Hacienda, vía el Servicio de Administración Tributaria y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, para rastrear el origen, monto y destino de los pesos y centavos público y privado de que dispone en precampaña y campaña, además de los relativos a actividades ordinarias anuales. 

Partidos y candidatos no tienen el blindaje del secreto bancario, fiduciario ni fiscal, de modo que son sujeto obligados de una auditoría por parte del la Comisión y el Órgano Técnico de Fiscalización del Consejo General del INE, que además impone sanciones.  

Respecto de los 61 candidatos a quienes se les canceló el registro la semana anterior, 42 son afines a una ideología, incluidos a quienes los de gubernatura en Guerrero y Michoacán, con la situación que ni uno ni otro presentaron siquiera sus informes financieros de precampaña, pese a que el INE les envió tres avisos de requerimiento sin haber respuesta alguna.

El  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está obligado a refrendar el cumplimiento de las reglas,  el piso parejo en la puja por renovar la gobernanza popular.

Bitácora

Son letra muerta todo pacto democrático, aún más los de naturaleza electoral.

eduhdez@yahoo.com