Galimatías por resolver

Sería un fracaso innecesario forzar la renovación periódica constitucional de autoridades de gobiernos, municipales en Hidalgo y legislativas en Coahuila; cuando pueden  ser parte de las que se tendrán dentro de un año, ambos ya para elegir al mismo tiempo alcaldes y diputados, insertas dentro de la concurrencia de las 32 entidades con la federal el seis de junio del próximo 2021.

El Consejo General del INE  deberá asumir la decisión inmediata de reprogramar esos comicios, como autoridad en la que está depositada la rectoría del Sistema Nacional de Elecciones que reglamenta todos los comicios locales y las suyas del ámbito federal.

Argumentos suficientes hay para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en atención a su facultad de atracción -ejercida mediante acuerdo fechado este uno de abril- prorrogue hasta el siguiente año las elecciones en 84 ayuntamientos de Hidalgo y el Congreso de Coahuila, previstas para el siete de junio del actual 2020; el margen de maniobra está literalmente agotado, una vez prolongada la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del coronavirus que suspendió todo.

Cumplido el plazo tener en receso toda actividad –no sustantiva- hasta el 30 de mayo, todavía habría que aguardar el ordenamiento del gobierno federal para dar paso o no a una gradual normalidad; por tanto no hubo campañas electorales y quedó trunca la capacitación funcionarios de de casilla, quienes reciben y contabilizan la votación en cada una de las secciones electorales. 

La emergencia dio al traste igual con la prueba piloto del voto electrónico por realizarse en algunas secciones electorales en ambas entidades federativas y sus resultados hubieran sido vinculatorios al cómputo final de sus comicios; con el propósito de implementar la urna en el proceso intermedio federal con la concurrencia que tendrán los estados.  

El problema de pretender tener comicios en el segundo semestre de 2020 es aún mayor porque la generalidad de los ciudadanos seleccionados por sorteo no admitirían ser capacitados ni a integrar las casillas, con justa razón; rehuirían al peligro de adquirir el virus letal que por ahora acecha, próximo a ser decretada la fase tres una vez que -en la eventualidad- se masifiquen los contagios del letal virus.

Sería una irresponsabilidad no salvaguardar el entramado democrático, si no se asume la decisión inevitable por acuerdo del Consejo General, a partir de la atracción que le compete como atribución legal para prorrogar los comicios previstos en este 2020 endosándolas a las votaciones concurrentes de 2021

Próximo a concluir la gestión de las actuales presidencias municipales hidalguenses, corresponde a la cámara de diputados integrar concejos municipales -previsto en la ley correspondiente- que cubrirían el período exacto de un año, de aquí a que se concrete la designación por voluntad popular el siguiente año.

Para el caso del Congreso de Coahuila, sus actuales diputados propietarios en términos de su reglamentación constitucional podrían decretar un artículo transitorio igual a su constitución, para que -al término de su legislatura- sean los suplentes quienes cubran un período extraordinario, hasta en tanto se da la renovación.

Ambos recursos legales evitan un vacío de poder, las constituciones locales y la federal así como la ley general municipal prevén este tipo de eventualidad. 

Los organismos públicos locales de Hidalgo así como Coahuila deberían trabajar un pertinente calendario para el próximo año, teniendo ambos comicios ayuntamientos y diputaciones, ya para el seis de junio de 2021, concurrentes locales que incluye 15 gubernaturas, y el federal para diputados al Congreso de la Unión.

El financiamiento de que disponen para elecciones en Hidalgo y Coahuila se anexaría al presupuesto del siguiente proceso electivo; partidos tendrían a disposición la bolsa que les corresponde en conjunción de sus otros cargos por renovar, ayuntamientos y congreso ya en ambos casos.

La situación a ponderar ante una emergencia sanitaria se inscribe en que cuando menos esas entidades dejarán de tener elecciones durante todo el sexenio de la gestión administrativa de sus gobernadores.

Hay que tomar en consideración la tendencia del constituyente de la nación por concentrar todas las elecciones locales a la concurrencia de las del ámbito federales, presidencial e intermedias, procurando de paso la economía.

En pro de ese objetivo es que en la intermedia federal habrá la concurrencia caso específico de 15 gubernaturas y en 2024 se tendrán nueve.  Sólo se hará posible avanzar en el propósito si en los estados se emiten los respectivos decretos para que entidades como Veracruz y Puebla habiendo renovado por dos años a su ejecutivo en 2016 su período para hacer coincidir un nuevo proceso local con el federal presidencial de 2018. Chihuahua y Nayarit acotaron a cinco años para elegir el relevo para el siguiente año.

Consecuente con la reforma política de 2014, en Baja California incorporó a su constitución el artículo transitorio 8º para que el gobernador electo en 2019 cumpla un período de dos años, en esos términos el organismo electoral emitió la convocatoria y se inscribió Jaime Bonilla; sin embargo en la ilegalidad fue reformado el precepto para prorrogar su gestión a 2024. La Suprema Corte suspicazmente no se ha pronunciado.

Bitácora

El INE tiene rezagado -por el covid-19 validar el registro de los nuevos partidos; se perfilan México Libre de Felipe Calderón y Redes Sociales Progresistas de Elba Esther. 

eduhdez@yahoo.com