En la anacrónica narrativa trasnochada en sus spots de campaña genérica en radio y televisión, optado por seguir utilizando como estrategia el señalamiento y chantaje, los partidos contrario a sus pretensión por sumar inhiben todo interés de los electores por ejercer su derecho a votar en pro de uno u otro, este ejercicio constitucional que legitima el triunfo de quien resulta ser favorecido en las urnas.

Los liderazgos de los partidos ni quienes aspiran a competir para un cargo de elección popular en los 32 comicios locales y el federal concurrentes previstas para el seis de junio próximo, pareciese que no han asimilado ni acertarán a comprender la trascendencia del significado que representa competir en democracia.

Tener por candidatos a los mismos rostro que antes han competido por diferentes posiciones, ejecutivas y/o legislativas, evidencia que en todo este gran período no serán capaces de evolucionar hacia estrategias propositivas además de conciliadora, normados por los nuevos modelos de convencer al al elector con sus propios argumentos.

En el curso de su trayectoria curricular la se presume como clase política cogobernante mexicana no conoce manera distinta de competir en las elecciones constitucionales, sino una burda manera ancestral a la que están acostumbrados por los yerros del contrario, y en la mezquindad puedan obtener el provecho de ser ellos los designados.  Una inmoralidad.

Aun en la alternancia perviven los vicios de siempre, matando toda posibilidad de invitar al elector para que se tome el tiempo de conocer sus compromiso, reflexionar a unos y otros y así emitir un voto informado y razonado.

Una sinrazón de seguir en el escarnio en el que sólo se podrá tener por resultado de su rupestre modo de hacer campaña, seguir acrecentando el hartazgo hacia un sistema de partidos que presume representar los intereses ciudadanos, pero sus acciones conllevan a un vergonzoso repudio transversal en todos los estudios de opinión pública.

Las estadística del saldo de procesos electorales anteriores, aún más de los intermedios, muestran un marcado abstencionismo por el cual se definió la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 que tiene el propósito que los electores ejerzan un derecho político de votar en conciencia a sus gobernantes, en la dicotomía de representar igual una obligación como parte del colectivo social que demanda estatus de bienestar en la calidad de vida.

A contraluz de una gobernanza mexicana se tiene por desafío la definición del futuro del país entero, en el que sus 32 entidades elegirán alcaldías y/o congresos locales, en 15 votarán gubernaturas, además de los 500 legisladores federales; habrá que repensar si las elites  tienen las credenciales de su antecedente como para ponderar si son opción o no para elegir votar a uno u otro.

La democracia ni el voto tienen por qué ser empañados ni desacreditados cuando que son elementos básicos para con la participación ciudadana que legitima la elección de las autoridades de gobierno en el ámbito federal y local. Una función pública de la cual son depositarios los organismos del Sistema Nacional de Elecciones, encargados de llevar a cabo la organización justo de los comicios.

En el andamiaje de los preceptos constitucionales de cada refirma política electoral, deben partidos y candidatos por obligación democrática apegarse a promover la plataforma de los compromisos de campaña, aunque eso sí en la sensatez de la realidad contemporánea, y no sólo por cumplir un mero requisito de registrar una plataforma electoral indispensable.

Los pactos de civilidad que mediáticamente se impulsan resultan vanos cuando la propia legislación establece que la competencia entre contendientes tienen que ser absoluto respeto al adversario, observando el artículo sexto constitucional federal que establece como única limitante abstenerse de la calumnia ni vulnerar el ámbito de lo privado.

Serán 40 días de precampañas que lo interno disponen cada partido para elegir de entre su militancia, y deberá ser un proselitismo constructivo, evitar que quien resulte ser el elegido no llegue desgastado a los siguientes 60 días ya de la campaña proselitista en la que se medirán con el adversario en pro del propósito común de sumar votos para su correspondiente alforja, con la legalidad de por medio que les da la voluntad popular, y sí es con una copiosa participación ciudadana tanto mejor que les compromete.

No se puede ir en contra de los propósitos de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2017-2023 delineada por el Instituto Nacional, que con el apoyo de los organismos públicos locales electorales promueve en esencia la participación de la ciudadanía como principal activo democrático en la legitimación del resultado.

Los partidos y candidatos hombres y mujeres, incluidos los independientes, deberán asumir que desde el momento en el que compiten por los espacios de gobernabilidad, unos 29 mil cargos ya sumados todos, tienen que ser por convicción social.

Partidos y candidatos son los principales interesados en ser capaces de movilizar a los 92 millones 005 mil 196 ciudadanos registrados en el listado del INE, con corte al 11 de diciembre de 2020, más los que se sumen de aquí al 11 de febrero, último día para gestionar una actualización aunque tendrán que completar el trámite de pasar por la mica para votar.

Bitácora

Incongruentes aquellos que cuestionaron desde la oposición, ahora ya como partido en el gobierno hacen exactamente lo mismo. Politizar para fines electorales las vacunas contra la pandemia no tiene…  

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