Mezquina psicología

Son los actores políticos quienes no asumen su absoluta responsabilidad de destinar un «insostenible» presupuesto por al del INE, a cargo por mandato constitucional de organizar las elecciones para votar por voluntad popular a las autoridades públicas de gobierno, impedido al árbitro incluso desde el propio Consejo General y desde el Constituyente para incorporar las urnas electrónicas y los medios digitales que sí economizan su organización.

Cómo comprender que en la forma se le reclame a la autoridad electoral del ámbito federal y las locales que son «exorbitantes» los financiamientos que requieren, cuando en el fondo no se le bloquea legalmente instrumentar las herramientas tecnológicas y digitales que se tienen para elegir, desarrolladas desde la décadas los 1990.

De qué sirve que el Congreso de la Unión tenga consejerías legislativas, y también los partidos políticos, participando con voz en las sesiones del Consejo General del INE, sólo entorpeciendo las deliberaciones que como Órgano Superior de Dirección antes de emitir los Acuerdos que corresponden en el establecimiento de la reglamentación sobre las actividades preparatorias a la Jornada Cívica que tienen lugar cada 3 y 6 años, respectivamente.

Inverosímil que al Sistema Nacional de Elecciones se les mantenga al margen de poder transitar del voto por boleta impresa a la urna electrónica y además de ejercer este derecho político ciudadano desde los equipos celulares, del mismo modo que ahora quien desee puede consultar su inscripción en el Registro Federal de Electores del INE escanea el código QR de su credencial de elector con la aplicación digital que se tuene dispuesta.

Un ridículo que Consejeros Representantes Legislativos y los de Partidos Políticos continúen con la actitud de oponerse al voto electrónico y digital, ambos utilizados por Senadores y Diputados del Congreso de Unión para emitir su voto desde su asiento o mediante un celular, ahora que por la pandemia sanitaria las sesiones se llevaron a cabo desde el confinamiento, y aún continúan.

Sólo habría que recordarles a quienes se asumen como representantes populares y de la soberanía local que el tablero electrónico que registra el voto de una ley o bien reforma constitucional se implementó primero en el Salón de Pleno de la Cámara de Diputados en 1997, cuando Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Junta de Coordinación Política impulsó la iniciativa. Antes a mano alzada nunca se tuvo certeza de que cuántos emitían su aprobación o negativa entre los 500 legisladores.

La voluntad popular que son los electores ni el Sistema Nacional de Elecciones tienen por qué forzadamente continuar al margen de la urna electrónica y digital, por la sinrazón de una «Cultura de la Desconfianza» que priva entre los propios actores, partidos políticos y candidatos, que faltando a la calidad de la democracia carecen de los argumentos sustentados en una formación ideológica y una plataforma de compromisos, que sensatamente permitan emitir un voto informado y reflexionado.

La Consejera Electoral del INE Carla Humphrey Jordán, durante la videoconferencia a la que fue invitada la semana anterior por el Órgano Público Local de Tabasco, reiteró su crítica de que en las macro votaciones de 2021 entre las 163 mil casillas sólo en 100 hubo urnas electrónicas, vinculadas al cómputo de la votación total. Aun cuando satisfactoria aceptación ciudadana, para nada fue un programa piloto que permita afianzar una cobertura total para la presidencial de 2024. 

Quienes criminalizan la democracia son los propios actores públicos que se oponen, una suspicacia que ya no hay sentido alguno de su inmadurez para competir limpiamente, sin recurrir a prostituir un proceso constitucional. Un evidente circuito de mediocridad que les exhibe.

El problema de una genuina democracia negada a los mexicanos es un tema que sí debería ser sustantivo para una Reforma Política Electoral, erróneamente pensada en socavar al árbitro que en su autonomía institucional representa al cuarto integrante en la división de poderes públicos, en su caso sí honrando al interés ciudadano.

Bitácora

El derecho constitucional de libre expresión no está a negociación.

eduhdez@yahoo.com