«La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa», expresa a la letra el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicado el ejercicio del periodismo; aunque en el caso de la gobernadora por Campeche, Layda Sansores Sa Román, y el de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en fechas recientes contravinieron el documento madre del Estado de Derecho, del que en estricto sentido ninguna arbitrariedad ni reforma local puede estar por encima.

Qué paradoja, cuando desde la oposición en el caso de la gobernadora quien como senadora y diputada federal adversaria al régimen se caracterizó por emitir posturas sin argumento alguno, además de insultante. Por lo contrario, ahora que ejerce un cargo ejecutivo en su estado natal promovió una denuncia judicial que dictada en su favor obligó al cierre del periódico «Tribuna», con medio siglo de vigencia, ante su nula receptividad al ejercicio crítico que le evidenció sus claroscuros en el ejercicio de lo público.

El precepto constitucional igual prevé el recurso del derecho a la réplica para que en el considerando de que la autoridad o algún ciudadano civil recurran a esta prerrogativa de exponer la aclaración pública en el mismo espacio.

El gobernante de Puebla en uso de sus facultades presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el penal que incluyó tipificar como delito, con sanciones económicas y prisión, por el acoso por los medios digitales, en su alegato para proteger a las personas frente a la recurrencia en el robo de identidad, la trata, la corrupción de menores o el acoso en redes; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las autoridades igual puedan denunciar los comentarios que les aludan.

En el fondo de la forma ninguna autoridad cogobernante, indistintamente de su ideología, tiene la capacidad receptiva para admitir una cascada de cuestionamientos al nivel exponencial desde que las rede sociales a finales de la década de los 20000 emergieron y se masificaron, así proceda una crítica de periodistas, algún adversario o bien tengan un origen ciudadano. En lo absoluto, esto no es ciberacoso.  

Ancestralmente, sin importar los tiempos y las circunstancias, el oficialismo sin importar los regímenes jamás le ha gustado que se le cuestiones ni las manifestaciones multitudinarias; las mismas que lideraron cuando fueron oposición y que ahora hacen quienes fueron gobierno.

El constitucional principio democrático de la República Mexicana plasmado en el artículo 40 que se evoca en el discurso se queda allí, al no plasmarse en los hechos aun en la evolución social de modernidad, marcada por la innovación digital que permite la pluralidad de manifestación de ideas.

Los elogios a las «benditas redes sociales» que permite la pluralidad social de sus usuarios que por estas emiten posturas en pro y en contra con una exponencial difusión al replicarse por otros usuarios hasta ser tendencia, ahora ya son objeto de censura y repudio en este caso por las autoridades aludidas.

Los excesos de la Layda Sansores San Román y de Alejandro Armenta Mier inmediatamente de que escalaron a la conversación de lo público de origen no han cesado de tener fundamentadas críticas por los líderes de opinión; periodistas, organizaciones de derechos humanos, así como por entes internacionales; además de la Presidencia de la República y por congresistas de la Unión.

Será ineludible el escalamiento al Poder Judicial Federal, depositario del control constitucional y de convencionalidad; la gravedad de evidente exceso de la autoridad gubernamental en Puebla y en Campeche deberá tener una sentencia  de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importar que se dé por la actual que preside la ministra Norma Piña o bien la que entrará en funciones desde el 1 de septiembre próximo, con Hugo Aguilar Ortiz quien le sucederá, luego de una elección por voto popular.

El Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados Federales, en período extraordinario de sesiones a partir de este 23 de junio al 2 de julio tiene en la agenda la votación de la minuta del proyecto de decreto relativa a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en congruencia con la constitución deberá preservar el derecho humano a la libertad manifestación de las ideas, así como a la libertad del ejercicio periodístico.

Deberá honrarse el compromiso hecho asumido sobre el entramado democrático por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde la noche del 2 de junio de 2024 cuando fue votada para este cargo, la primera magistratura del país. Aseguró la preservación de un México con libertad de expresión, aun las discrepantes.