Las macro elecciones de 2027 que hasta ahora México tendrá en su gobernanza plantea singularidades muy puntuales ante los desafíos del bloque de tres partidos políticos, sumado alguno otro instituto de nueva creación, que competirán por separado y una coalición dominante. Aunque desde ahora se advierten resultados con el presagio de consumados por las encuestas que en cascada brotan, tampoco se puede descartar los sorpresivos ases entre los jugadores que cambie en la ecuación.

Una incipiente renovación de liderazgos y programas podrían marcar el diferencial entre el triunfo y la derrota de unos y otros. Las votaciones de 17 gubernaturas pueden ser una oportunidad para que en medio de los «cartuchos quemados»; rostros , nombres y apellidos incluso herederos de siempre podría darse con el engerimiento de caras nuevas que hagan sentido con el compromiso de las políticas públicas estructurales que le hagan sentido a los electores, en espera eterna de una justicia social cada vez más compleja.   

Los principales desafíos y oportunidades en la puja por la gobernanza igual por alcaldía y/o diputaciones locales, además de los congresistas federales, están definidos por el contexto político, económico y social, sumado al rol protagónico de la evolución tecnológica en las redes sociales; hacia donde se orientan las estrategias de campaña para seducir a una participación ciudadana cada vez más escéptica, apática, que ya no está dispuesta a que le defrauden con el incumplimiento de lo que se promete.

En el fondo de la forma tiene toda una explicación los resultados que emiten los estudios de opinión pública sobre intención del voto, sobre todo en entidades que acaparan los reflectores mediáticos, convencionales y digitales, por la violencia delincuencial; caso Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Colima, San Luis Potosí, en donde renovarán gubernaturas que en la actualidad les tienen con marcado índices de rezagos y anarquías; sin embargo, el la dicotomía del combo de temores y condicionantes les inducirían a repetir por el sucesor.

Prevalece una innegable polarización y fragmentación en el panorama político, dada la creciente división ideológica asociada a la irrupción de nuevas formaciones políticas que dificultan la una competencia asimétrica entre los recurrentes jugadores, partidos políticos y candidatura para los cargos de gubernaturas y/o alcaldías, y/o diputaciones locales y federales, que se renovarán por «voluntad popular».

El ecosistema de una perniciosa gestión de la desinformación y las «fake news» acechan, montadas en el uso de redes sociales y plataformas digitales que enturbiarán todavía más a las macro elecciones al difundir noticias falsas o sesgadas, un desafío constante para los partidos políticos y el INE; los jugadores y el árbitro exigidos en común a combatirlas una tras otra por sostener la credibilidad, necesitan comunicar mensajes veraces y asertivos.

Las redes sociales fueron un recurso alterno que se explotó en loas campañas electorales intermedias de 2021, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID19, que obligó a limitar las reuniones y contacto físico con electores. Esta ocasión su exponencial protagonismo será mayor, con la consideración de insertar contenidos sobre el entramado de una escrupulosa economía de la atención, para que ese gran público en efecto se enganche con la conquista de su voto.

Especialmente el de los jóvenes, que se muestran más apáticos y desilusionados con la política tradicional. Aun cuando este segmento ya no es la mayoría entre la población votante, sí representan la importancia de sumar a las expectativas de los partidos políticos y candidaturas, entre los que sí tienen oportunidad de aspirar a la victoria y los que sólo van por salvar el registro, con la implicación de las prerrogativas con puntual interés por el financiamiento económico.

Entre la partidocracia podrían ya no ser seis los tradicionales sino que uno de estos podría dejar de serlo, en particular de los satélites que siempre compiten en coalición para asegurar la subsistencia y posiciones legislativas, porque su interés por las gubernaturas y alcaldías no ha sido absolutamente suyo una prioridad. Miran por el botín económico que les representa incluso la venta de candidaturas al mejor postor de entre sus afines. Una realidad que viola la constitución y las leyes, pero que no hay el mínimo interés por combatir ahora que se tiene en definición una nueva «reforma electoral».

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