Por elemental lógica de criterio racional el país se halla entrampado en unas forzadas complejidades de nivel pernicioso superlativo con tiempos y circunstancias que le encausan al punto del colapso, por pretender que el 6 de junio de 2027 los electores voten por la «Revocación de mandato» de la presidencia de la República e integrantes de Poder Judicial, además de la renovación de la autoridades de gobernanza ejecutivas y legislativas per se altamente complicadas; al tener los estados en lo local que renovar las suyas, entre estas 17 gubernaturas que son más de la mitad de las 32 entidades federadas.

Qué necesidad se tiene la convocatoria a una consulta popular por la «Revocación de mandato» del cago presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo , cuando nadie la promueve, excepto congresistas de la Unión, diputaciones y senadurías  afines al régimen; aún menos se justica cuando las protestas gestadas desde el colectivo social no han escalado a un llamado para acopiar las firma requeridas.  

La cascada de encuestas hasta ahora conocidas incluyen la medición sobre el desempeño de la presidencia de México, que en la generalidad le destacan una calificación de hasta del 78 por ciento de aceptación, y que se presumen en las   «mañaneras del pueblo», conferencias de medios que transmite la red de televisoras y radios públicas.

El bloque opositor de partidos políticos también tiene claro que promover una revocación de mandato sería un ridículo exhibido. Por lo contrario, con razón se oponen a esta insensatez, habida cuenta que en ningún renglón del artículo 35 constitucional federal se establece una obligación, salvo por los considerandos enunciados para promoverla.

Las coyunturas de «situaciones de crisis» obligan a encarar las problemáticas implicadas mediante políticas públicas estructurales que en la integralidad de atención sean soluciones asertivas y no paliativas; una responsabilidad de la gobernabilidad encomendada, en lo federal y local.

Sería irresponsable del Congreso de la Unión mayoritario afín al régimen que busca hacer una insensata reforma constitucional para hacer concurrente tres eventos de naturaleza distintas en su organización, responsabilidad todas de un Instituto Nacional Electoral al que se le busca reconfigurar en la reforma electoral, sumado a que se le autoriza un castigado presupuesto por debajo de su proyección para cumplir con sus funciones.

El INE se rige por principios democráticos al borde de desaparecer, dado que debilitado no podrá tener los recursos humanos que requiere, los permanentes del servicio profesional de carrera y eventuales, que se involucran desde las actividades preparatorias hacia la Jornada Electoral, y posterior cómputo de resultados.

Carece de sustento el argumento de ahorrar recursos con la concurrencia de tres actos distintos uno del otro en su compleja naturaleza; cuando lo sustantivo debe centrarse con evidente prioridad a la renovación de la gobernanza ejecutiva y legislativa. La «Revocación de mandato» ningún colectivo social la promueve.

Elegir por voluntad popular a integrantes del Poder Judicial Federal tampoco tiene razones, aún menos con el antecedente de este 2025 con una participación ciudadana influenciada del 13 por ciento; una responsabilidad que debe regresar al rigor técnico del senado y del servicio profesional de carrera. Las renuncias evidencian que no es cuestión menor ser magistrado ni juez. El Congreso de la Unión debe retomar esta facultad para el cual sí fue votado.   

No se necesita mirar a una risible bola cristal para advertir que una insensata concurrencia sólo llevará a un fracaso del que seguro se culpara al INE y a Organismos Públicos Locales, con el riesgo de derivar en una anarquía sociopolítica con consecuencias incalculables, devastadoras. Un escenario que debe ser motivo de reflexión entre sus promotores.        

Incluir la consulta sobre «Revocación de mandato» del cargo presidencial condicionará  la elección del 6 de junio de 2027, una fecha de origen corresponde al primer domingo de ese mes que establece el artículo 41 constitucional ex profeso para renovar por  «voluntad popular» a 500 o 300 diputaciones federales, congresos locales, alcaldías y sus regidurías, así como a 17 gubernaturas. Que entre propietarios y suplente supera los 20 mil cargos.

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