Sería catastrófico para la vida democrática mexicana forzar con calzador una eventual reforma electoral constitucional y a sus leyes secundarias que la presidencia de la República a esta fecha se demoró demasiado tiempo para enviar su iniciativa; iría contra natura cuando entre los objetivos se mantiene la erosión de un autónomo Sistema Nacional de Elecciones que permite al INE además reglamentar a los 32 Organismos Públicos Locales, con el sustento de un Servicio Profesional de Carrera nacido con el extinto IFE, el cual permite garantizar el cumplimiento de los principios de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad y Máxima publicidad», a observar incluso por partidos políticos y candidaturas a los cargos de gobernanza ejecutiva y legislativa. 

Aun cuando el 2 de junio próximo es la fecha límite marcada por el artículo 105 constitucional para realizar reformas electorales, técnicamente resulta pernicioso insistir dado que 90 días posteriores, durante la primera semana de septiembre el INE debe instalarse en sesión de pleno para declarar el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027, implicadas las actividades preparatorias a las elecciones del 6 de junio de 2027, votaciones que desembocarán en el cómputo de resultados de la Cámara de Diputados Federal, aparejado en la concurrencia de que se renovarán 17 gubernaturas, así como alcaldías y/o cámaras locales. 

Erosionar la estructura del Sistema Nacional de Elecciones que le permite al INE la vigilancia además del desempeño de los 32 Organismos Públicos Locales en un trabajo coordinado de armonía con sus respectivos ámbitos de competencia traería consigo dejarle frágil respecto de su función publica para asegurar justo el cumplimiento de los principios democráticos. 

En la división de poderes constitucional en la vida pública de México y su pacto federado, el Instituto Nacional Electoral representa en estricto sentido ese cuarto poder, en virtud de que mediante su función pública de organizar las votaciones con la participación ciudadana se filtran a las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas, del ámbito federal y estatales. 

En lo absoluto no hay duplicidad de funciones como para pretender disminuir la estructura del INE integrada por un Consejo General, 32 Juntas Electorales Estatales y 300 Juntas Electorales Distritales, que en su caso desaparecerían junto con los 32 Organismos Públicos Locales con el argumento de la austeridad. Al Servicio Profesional de Carrera no se le puede catalogar como una «burocracia dorada» cuando per se este personal tiene una trayectoria en el cumplimiento de sus atribuciones; con permanente capacitación y evaluación para revalidarles en la posición y ascensos.

Detrás de una Jornada Cívica como la que hubo el 2 de junio de 2024 en la que se votó para elegir a la actual presidencia de México hay todo un trabajo especializado que involucra la capacitación de los funcionarios de mesas directivas de casillas, la promoción del voto y la participación ciudadana, la impresión de boletas, actualización del Registro Federal de Electores, fiscalización del financiamiento asignado para actividades ordinarias, específicas y las concernientes a campañas, entre otras tantas que en todo momento están en el escrutinio de las consejerías representantes de los propios partidos políticos. 

Son complejidades distintas las que se tienen entre los ámbitos federales y locales de modo que pretender que el INE sea una autoridad única de ambos les llevará al colapso, un riesgo que desde ahora se asoma; porque nada tiene que ver la naturaleza de elegir la concurrencia de elegir en la misma fecha a integrantes del Poder Judicial Federal, sumado a la revocación de mandato.

La economía en la organización de las elecciones federales y locales sí es posible y ya debería ser real; sin embargo, los partidos políticos en su incapacidad para competir con pulcritud han impedido la transición hacia el voto electrónico y eventualmente al voto digital, dada por las suspicacia entre estos. Al árbitro no se le permite realizar un auténtico piloto del voto electrónico vinculante a los resultados electorales que representarían ahorros sustantivos, al prescindir de la impresión física de las boletas, así como de maquila de mamparas y urnas.      

El Sistema Nacional de Elecciones está obligado a mantener su carácter autónomo como desde octubre de 1996, exactas tres décadas; que no responde a interés alguno que no sea que la democracia, y a los principios de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Máxima Publicidad y Objetividad»; las consejerías electorales no pueden regresar a ser un botín de repartición de cuotas y cuates.   

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