VUELTA EN U

La iniciativa de reforma electoral que el Poder Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión carecerá del principio de progresividad que exige un eslabón sustantivo en la vida democrática mexicana; sobre todo la autonomía en el órgano a cargo de la renovación periódica de las autoridades gobernantes, que se concretó en 1996 con la participación de personajes que integran el régimen actual. Por lo contrario, ahora optan por regresar al modelo que repudiaron.

Desde que el diputado Sergio Gutiérrez Luna presentó en marzo de 2019 la primigenia iniciativa se planteó la desaparición de los congresistas electos por el principio de representación proporcional, que configuran la necesaria pluralidad de las voces en la deliberación legislativa; la voz de las minorías. Extinguir 200 de 500 diputaciones y 64 senadurías, entre plurinominales y de primera minoría, de las 128 actuales, implicaría configurar un poder de corte sectario.

Todas las expresiones ideológicas sin excepción se han beneficiado de las posiciones plurinominales para tener mayor presencia en los Congresos de la Unión y en los estados; aunque el actual régimen poseedor en el ámbito federal de una aliada «mayoría artificial» podría disolverse en esta ocasión al afectarle en sus intereses, no acompañarían una reforma que les minimiza.

Sin filias ni fobias, en el escenario de concretarse la reforma que es aún más amplia en la erosión del vigente sistema electoral, en nada honraría sino que sería una transgresión al espíritu democrático que se invoca en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce a este país como una República también representativa popular, laica, y federal. Absolutamente todo el precepto quedaría violado por un régimen que se asume respetuoso del «Estado de Derecho».

Además, no se puede pasar por alto que el artículo 105 constitucional se mutiló para establecer que las reformas a este nivel no fueran más motivo de una «Acción de Inconstitucionalidad» ni de una «Controversia Constitucional», a las que podían recurrir el bloque opositor y los organismos autónomos, así como autoridades estatales y municipios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las evidencias para una eventual revocación.

Más allá de polemizar sobre el número de integrantes de congresistas en el Senado y en la Cámara de Diputados, el «pequeño gran problema» se halla en la calidad formativa de los congresistas para ejercer la función legislativa, habida cuenta que la generalidad tiene una precaria preparación sobre los alcances de sus facultades en la práctica parlamentaria, dada por la propia constitución y el reglamento interno.

Un pernicioso asunto que no es exclusivo de algún partido en particular sino de todos que hacen legisladores a sus incondicionales por la sola conveniencia de la cultura de las «cuotas y cuates», aun cuando no tuvieran las tablas, sin oficio ni beneficio para la sociedad mexicana; eso sí son manipulables para la «obediencia ciega» al votar tanto por el bloque de la mayoría como por la minoría.

Lo insólito, para la legislatura 2009-2012 el PRI llevó a la Cámara de diputado al líder petrolero tabasqueño José del Pilar Córdova, cuota de este sector nacional liderado por el extinto Carlos Romero Deschamps, con la singularidad de su nivel educativo precario, pero que en el primer período de sesiones presentó 35 iniciativas entre constitucionales y a leyes que ninguno de los otros 499 congresistas generó en lo individual, a reserva del petista y ex consejero electoral del IFE, Jaime Cárdenas quien por su formación profesional en el derecho sí tuvo los argumentos para superar el promedio de iniciativas con proyecto de decreto. Han habido y hay quienes ninguna promueve.

Pero la reforma electoral pega igual al Sistema Nacional de Elecciones al querer desaparecer a los Órganos Públicos Locales que reglamenta el INE, sería una aberración como si se planteara la eventual desaparición de los congresos estatales por innecesarios, con el argumento de duplicar funciones y austeridad.

En esta lógica al INE le quitarían el principal andamiaje, al Servicio Profesional de Carrera que es su garantía en el cumplimiento de su función pública, sumado a la literal eliminación de 300 juntas electorales distritales reducidas a transitorias, poniendo en vilo unas macro elecciones de 17 gubernaturas y todo el país en renovación de congresos y/o alcaldías... Y no le dejan modernizar los mecanismos de votación que impactarían en la economía.

eduhdez@yahoo.com