El senado debe restituir el orden del Estado de Derecho en lo que respecta al Poder Judicial sobre el entramado de la genuina división de poderes que debe representar junto con el Legislativo y el Ejecutivo, per se autónomos y de contrapeso en la gobernanza de la Unión, México como país de naturaleza republicana, democrática y federalista. La eventual reforma constitucional que debe consumarse antes del 2 de junio debería darse en este contexto, con la implicación de cancelar un procedimiento emergido de la sinrazón en vez de aplazarlo.

¿En qué lógica halla sentido que tendría trasladarse a una elección popular un asunto de riguroso procedimiento técnico cognoscitivo para nombrar a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?  

El costo de esta insensatez, por parte de quienes sí fueron votados como legisladores mediante la participación ciudadana democrática, al deshacerse de una sustentada atribución constitucional ha sido altamente pernicioso; habida cuenta que el evento celebrado en 2025, a escaso hace un año, evidenció un fracaso anticipado por la ausencia de una genuina concurrencia popular a efecto de designar con criterio de análisis perfiles absolutamente desconocidos.

La perversidad de los prejuicios sembrados so pretexto de que tenían que ser filtrados por el colectivo social, condujo a erosionar la estructura de la justicia con el natural encausamiento al caos entre nuevos titulares de magistrados, jueces, así como demás cargos que antes se asignaban por concurso de competencias, de un servicio profesional de carrera.

El estigma de la corrupción generalizada como engañoso argumento llevó a suplantar cargos con improvisados que una vez en el ejercicio se toparon con un golpe de realidad que exige preparación y vocación, que aparejados con la exhaustividad del trabajo que les obligó en cuestión de meses a renunciar en cascadas, de modo que el senado ha pedido al INE el listado de quienes quedaron en segundo lugar para cubrir esas vacantes.

Hay que ser claros, la mayoría de quienes fueron electos para integrar el Poder Judicial Federal, y también en los estados, se inscribieron por una imposición, por aspirar a una posición no lograda en el servicio profesional de carrera, y otros por el salario o bien salir del desempleo.  

Aunque en su caso no están dispuestos a declinar porque detrás hay un equipo que les solventa su carencias de preparación, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todo momento muestran su impericia durante cada sesión que son públicas y difundidas por su canal de televisión y por redes sociales; inexpertos al presentar su argumentación, los considerandos por los cuales emiten su voto particular; en vez de haber el oficio profesional de deliberar sobre asuntos delicados que con claridad no la hay.

La ministra Lenia Batres Guadarrama, autodenominada como la «ministra del pueblo» ejemplifica que no hay en ella el bagaje de un conocimiento, preparación, ni abrevado experiencia para portar con dignidad ni siquiera la toga; nada de esto tiene que ver con discriminación entre géneros. Eso sí por dos ocasiones fue impuesta, una por capricho presidencial y la segunda por un «acordeón».

La «ministra del pueblo» en la reciente sesión propuso un proyecto de sentencia en demerito de una educación formativa académica actual degradada hasta ser nula en los niveles básico, al eliminar el estatus del 5 por no acreditar una asignatura para quedar el mínimo de calificación en 6.

María Estela Ríos, quien fuera jefa de Batres Guadarrama en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, igual sin noción alguna equivocó obsesivamente el sentido de un voto en contra cuando debía ser a favor de una norma que efectivamente iba hacia esa conclusión; el ministro presidente Hugo Aguilar le enmendó la plana; sin olvidar la acalorada discusión que sostuvo con el ministro «chicharrón» Arístides Rodrigo Guerrero García, quien así se dio a conocer en su campaña por redes sociales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación caerá en un periodo aun más deplorable desde el momento que el 1 de septiembre de 2027 la presidencia pase a ser ocupada por la ministra Lenia Batres Guadarrama que en el contraste ha sido quien más ha gastado del presupuesto.

Bajo el paraguas de este cúmulo de perfiles sin perniciosos, sumado a las renuncias de magistrados y a quienes se les asocia con culto religioso y hasta con vínculos delincuenciales, se tienen los considerandos para que el senado de la República haga la reforma constitucional restaurando su atribución de elegir mediante el procedimiento técnico cognoscitivo a genuinos profesionales con vocación que acrediten para integrar una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la propuesta de ternas por el Ejecutivo tantas veces como le sean rechazos; además de reinsertar el servicio profesional de carrera.

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