En qué momento México dejó de ser un territorio nacional cuando en realidad durante el discurrir de estos casi 202 años desde su constitución el 4 de octubre de 1824 jamás se ha dado la oportunidad de constituirse genuinamente como un país, al estar confrontado todo el tiempo desde su génesis; primero entre centralistas y federalistas, luego entre liberales y conservadores, seguido por juaristas contra porfiristas, igual entre revolucionarios hasta desembocar en los partidos políticos y sus ideologías; mientras que del patrimonio que le permitiría ser autosuficiente fue hurtado para hoy día hallarse hundido en la precariedad.

Un país que no lo es por tanto que en medio de las complejidades de todos los tiempos y circunstancias le tiene marcado una polarización entre los colectivos sociales, arrastrados por quienes en la falsedad se asumen como políticos anteponiendo sus ambiciones al interés republicano y federado, antidemócratas, represores a la libre pensamiento y de expresión.

La obsesión por ambicionar el acceso al poder al precio que sea incluso asociarse con poderes fácticos ha conducido a México a una debilidad entre facciones, mirándose como enemigos en vez de adversarios con la sensatez de conciliar el mejor acuerdo en beneficio de los mexicanos que de origen habría abierto la oportunidad para encausar la gobernanza hacia estadios de prosperidad compartida.

Por lo contrario, estas mezquinas visión de país en la que nos no aceptan en lo absoluto una derrota ha permitido que del exterior se dieran intervencionismo; no sólo por una depredadora colonización española que avasalló por una civilización incapaz para tener respuesta ante el pánico de mirar como uno sólo a los conquistadores montados a caballo, sino que la división les condujo a catastróficas pérdidas.

Los Estados Unidos de América en su visión expansionista crearon una guerra con la intención por apropiarse de más de la mitad del territorio mexicano, con el pretexto de la deuda que fue condonada más una ridícula indemnización de 15 millones de dólares; entre estos se incluyó California, la entidad más grande que per se representa ahora la quinta economía del mundo. El estado de Texas antes se independizó por traidores que vieron su conveniencia; todo aconteció con quien se asumió como «Su Alteza Serenísima», Antonio López de Santa Anna, un presidente del régimen centralista.

Tanto fue la discriminación y arrogancia de Antonio López de Santa Anna que por no atender los llamados de auxilio ante invasión de piratas es que no sólo Yucatán sino también Tabasco se declaró independiente, y por dos ocasiones, durante la década de los años 1840; con la injerencia de los texanos.

Cómo explicarse la grosera deuda billonaria que no te debía por que tenerse, aún menos la adquirida en la década de 1970 para financiar el «boom petrolero», que dio una acaudalada economía desde la gestión de Jorge Díaz Serrano como director de Pemex hasta la actualidad; una bonanza que daba para solventar todos los compromisos financieros; sin embargo, la corrupción les carcomió al grado de que la petrolera está quebrada aun cuando en el discurso se diga lo contrario.

El arraigado encono ancestral evidentemente ha trascendido como para que México haya dejado de ser un país de instituciones con contrapesos democráticos, entidades autónomas que eran la contención al gobierno central, incluido el Instituto Nacional Electoral y su entramado que data de la reforma de 1977, hoy en la asfixia porque se le niega el financiamiento para cumplir con el rigor que exige la función pública de organizar las votaciones para renovar por voluntad popular a las autoridades ejecutivas y legislativas, los Poderes de la Unión, sumado a reglamentar Los órganos Públicos Locales, que para 2027 tendrán el desafío de elegir 17 gubernaturas.

Aunque en la sinrazón, en el reciente período de sesiones se incorporó al artículo 41 constitucional como causal de nulidad la intervención extranjera, tan conveniente como ambigua que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá emitir sentencias «a la carta» con total libertinaje de interpretación; advertida por la diputada Olga Sánchez Cordero, una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el sustento de una carencia de considerandos y su argumentación.

El Poder Judicial debió regresarse a su esencia natural, en el contexto de que los ministros sean designados por el Senado mediante exhaustivo proceso técnico para evaluar conocimiento y competencias y capacidades,  así como recobrar su lugar en la «División de Poderes»; no haber reprogramado la fecha de una fracasada votación popular a la que nadie asistió en 2025, excepto afines. Su legislación sin pudor alguno volvió a ser parchada... Hoy hay personal de los órganos electorales desprendiendo del talón los millones de boletas no utilizadas para su reciclaje.   

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