Las reformas electorales realizadas al entramado constitucional y legal de una manera atropellada y con muchos cabos sueltos sobre todo en lo que respecta a incorporar como causal de nulidad  la  injerencia extranjera, sin que se acompañara con claridad de los considerandos, per se dice más de quien la promovió entre el bloque de partidos políticos, además de votarla con absoluto autoritarismo; un desdén a las advertencias incluso hasta de la diputada Olga Sánchez Cordero, con inobjetable conocimiento del constitucionalismo por ser también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, autor de la iniciativa que de origen no estaba en el libreto no podría ser tan omiso como mezquinos al dejar a la libre interpretación en el ámbito jurisdiccional, para emitir sentencias a la carta de revocar triunfos legítimos con puntual acento de la minoría opositora.

La causal de nulidad sin considerandos podría aplicar sin recato alguno en casos   como la contratación por los servicios del consultor español Antoni  Gutiérrez-Rubí  contratado para la elección presidencial de 2024, porque si este es fuera el escenario las votaciones técnicamente debió quedar sin efectos, independiente de quien requirió sus servicios; por eso lo pernicioso para arrebatar triunfos legales al no tenerse reglas claras, argumentadas.

Un dolo deliberado habida cuenta que el diputado por trayectoria política y académica tiene conciencia desde la génesis a modificar con alto alcances de riesgo e indefensión la Base VI del artículo 41 constitucional federal; el congresista de manera aparejada a su función legislativa imparte cátedra como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Muchos debieron los cuestionamientos por parte de los alumnos universitarios al profesor Monreal Ávila, porque con evidente mezquindad mostró el lado oscuro y contrario al sentido de los principios democráticos cuando hay sesgo.

Esta reforma electoral a una cuarta causal de nulidad por «injerencia extranjera» podría equipararse al régimen priista que poseedor desde la Secretaría de Gobernación tuvo el control de la Comisión Federal Electoral y sobre las locales arrebató triunfos de sus adversarios, hasta que en 1989 no tuvo argumentos para desconocer a Ernesto Rufo Opel como candidato ganador de la elección para la gubernatura en Baja California; igual con un Tribunal Federal Electoral servil.

No se puede ser tan irresponsable y mezquino, así como inmoral cuando también se le impuso al Instituto Nacional Electoral, depositario de la función pública de organizar las votaciones, una atribución que no le compete, mediante una comisión igual acotada en su integración para hacerse cargo de investigar los posibles vínculos delincuenciales de cada una de candidaturas a cargos de gobernanza.

Por lo contrario esta función investigadora ministerial para indagar sobre posibles vínculos delincuenciales debió asignarse a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que en la triada del «Sistema Electoral Mexicano» esta sí cuenta con el personal competente exprofeso.

Qué contrariedad en las complejidades de los tiempos y circunstancias cuando hay las evidencias contundentes de que el gobernador con licencia por el estado de Sinaloa, Rocha Moya está acusado por asociación con narcodelincuencia, requerido por autoridades de los Estados Unidos de América, junto con el senador Enrique Inzunza que se perfilaba para sucederle, y funcionarios de la administración pública local. Los señalamientos son fehacientes acompañado de testimoniales; Ismael el «Mayo» Zambada lo involucra de manera directa. Y no son los únicos.

La infiltración de poderes fáticos en las elecciones para renovar la gobernanza ejecutiva y legislativa tiene raíces ancestrales, aunque desde el asesinato en junio de 2010 de Rodolfo Torres Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, empezó a escalar hasta tener una marcada actividad para las elecciones de 2021 y de 2024, con una cascada de crímenes como sucedió en ambas candidaturas de Maravatío, Michoacán; o que en Valle de Bravo, Estado de México, obligaron a renunciar a la competencia.

Bitácora

En el contexto de la Libertad de Expresión que se celebra cada 7 de junio, el ejercicio del periodismo como contrapeso a la gobernanza debe prevalecer sobre el andamiaje constitucional en armonía con la veracidad, y no criminalizarse como acontece en Campeche; y en el caso de Puebla la Corte echó abajo la pretensión por combatirla so pretexto de acoso a la función pública.

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