México en reiteradas ocasiones ha hecho el ridículo dentro del ecosistema de una vida democrática que no termina por consolidarse, perviviendo aún la ancestral cultura de la desconfianza; una vergonzosa situación que permea en los procesos constitucionales de renovación periódicas  para cargos de gobernanza por la que no debería haber motivo alguno a 31 años de un entramado cada vez más robusto, sobretodo a partir de la reforma política de 2014 de la que emergió el Sistema Nacional de Elecciones.

Un Sistema Nacional que tiene por rector al Instituto Nacional Electoral como el depositario principal de la función pública por el cual se eligen en voluntad popular cargos ejecutivos y legislativos en el ámbito federal como locales; obligado a hacer valer los principios democráticos en sus propias elecciones y las estatales reglamentadas, emitiendo además lineamientos y acuerdos que  en la transversal observancia de los 32 órganos locales deben ser acatados también por todos los jugadores involucrados.

Ahora este país se halla en medio de las elecciones más complejas de que tenga memoria en exactos 200 años por cumplir el cuatro de octubre de 2024 -fecha de promulgación de su primera constitución-, en la que el INE celosamente defiende  su esencial autonomía en la organización de 32 elecciones locales que votarán este seis de junio diputaciones y presidencias municipales; además 15 gubernaturas y los 500 legisladores federales, sumados a más de 29 mil cargos populares por renovar.

Aun en la complejidad de todo este entramado democrático, los organismos locales ni sus consejos se mandan solos, como tampoco lo partidos políticos pueden seguir haciendo y deshaciendo en una violación sistemática a las reglas del juego; unos y otros están expuestos a ser sancionados con la severidad que exija la falta.

Atrás quedaron los tiempos en los que gobernantes en funciones y luego los congresos locales imponían consejeras y consejeros repartidos en cuotas; desde la reforma política de 2014 compete al INE  llevar a cabo mediante convocatoria pública la selección y designación de quienes integran el órgano máximo de dirección de los 32 institutos, que así como los elige igual tiene la facultad para removerlos.

Habría que echar una mirada al 20 de febrero de 2016 cuando decidió la remoción en origen de la totalidad de las y los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, aunque sólo la aplicó a tres de sus siete integrantes, por incurrir en actos de "gravedad extrema" en la integración del listado nominal para la elección del diputado migrante y en la vigencia de la equidad de género en el registro de candidaturas.

Una situación similar podría haberse repetido en el Instituto Electoral del Estado de Guerrero si el Consejo Estatal hubiera admitido el registro del original candidato a la gubernatura acusado por violaciones, haber mancillado a varias mujeres incluso militantes, cuando el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG517/2020 concerniente a los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Partidos políticos nacionales y locales en las 32 entidades y a nivel federal de origen son responsables de negarle en principio para negar la inscripción de personajes que tienen denuncias por violación, motivo por el cual las mujeres afines a la militancia le repudian expresando que no habrá apoyo alguno para que un candidato con una reputación insostenible llegue al gobierno, cuando ni siquiera respeta los derechos humanos e integridad de las mujeres.

Habría un acto más de permisibilidad impune de los partidos el impulsar a políticos que carecen de calidad moral para gobernar un estado, aun cuando tengan respaldo popular; literalmente sería un contrasentido al espíritu democrático del pacto federado mexicano, plasmado en el artículo 41 constitucional.

Si la clase cogobernante goza de un repudio generalizado entre la sociedad electora, el desdén sería marcadamente casi absoluto con el riesgo de un abstencionismo cuando los organismos electorales impulsan la promoción del voto y participación ciudadana.

No hay margen de manobra como antaño para incurrir en actos fraudulentos entre partidos e injerencia gubernamental que ahora sí pueden ser sancionados hasta con el retiro de la candidatura, y en el extremo escenario consecuente anular elecciones como en Colima la gubernatura el 22 de octubre de 2015, por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, poseedor del control de constitucionalidad. 

La ordenanza del órgano jurisdiccional fue que el INE ejerciera su facultad de asunción para organizar el proceso electoral extraordinario de elegir el 17 de enero de 2016 , al no haber las condiciones para que el instituto local no llevara a cargo esta función.

Si por una desafortunada declaración misógina hacia una diputada local se le sancionó con seis años de no poder aspirar a algún cargo electoral al actual presidente municipal de Centro, Tabasco; con argumentos de peso debería suceder la negativa en Guerrero ante evidencias de  no estar impedido, por violador.

Pasar por alto una situación tan grave y repudiada por el colectivo de mujeres y varones, incluso este ocho de marzo en el que se conmemora en el mundo la emancipación femenina, sería una desafortunada señal para la institucionalidad democrática.

Bitácora

Los órganos autónomos son contrapeso democrático. No son accesorios como se prende vender la idea.     

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