PRIMERA DE DOS PARTES

Venezuela sigue contando con algunas de las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial. Una recuperación de la producción a los niveles históricos podría incidir significativamente en los mercados globales de crudo, reduciendo potencialmente los precios actuales. No obstante, el proceso enfrenta considerables desafíos derivados de años de desinversión y el deterioro de la infraestructura, lo que incrementa el riesgo político asociado. En consecuencia, no se prevé una solución sencilla. Adicionalmente, factores geopolíticos, como la confiscación de buques petroleros sancionados por parte de Estados Unidos y su intervención en las ventas de crudo venezolano, añaden complejidad al panorama. Por otra parte, los precios vigentes del petróleo no constituyen un estímulo suficiente para atraer nuevas inversiones de las grandes compañías occidentales.

En este contexto, la posible reactivación requeriría financiamiento proveniente de capital privado, dependiendo de las garantías que pueda proporcionar la administración estadounidense. La reunión programada en la Casa Blanca sirvió como escenario para plantear ciertas condiciones destinadas a incentivar la inversión.

Durante su intervención ante representantes de grandes empresas petroleras y comerciantes, el presidente Trump calificó a dichas compañías como socios estratégicos para revitalizar el sector energético venezolano. Señaló que la participación sería voluntaria pero competitiva, y mencionó que, en caso de no recibir inversiones, existen otros candidatos dispuestos a asumir dichos roles.

El mensaje fue claro: la apertura del sector petrolero en Venezuela se encuentra bajo la influencia de Estados Unidos, y las empresas que decidan participar con prontitud podrán acceder a oportunidades relevantes, y tendrían retornos de su inversión.

Actualmente, las empresas enfrentan incertidumbre respecto a la manera óptima de invertir, minimizando los riesgos financieros, de seguridad y regulatorios, así como con garantías de que lo realizado podrá ser recuperado en el futuro. Persiste la interrogante sobre si las compañías previamente expropiadas podrán recuperar sus activos incautados o si existirá una compensación por parte del gobierno de Estados Unidos en un plazo determinado por los montos adeudados por Venezuela. Varias empresas estadounidenses han operado históricamente en entornos adversos en distintos países y continentes, afrontando desafíos políticos, conflictos bélicos y ausencia de certeza jurídica. Muchas de ellas han logrado mantenerse debido a que el petróleo y el gas representan productos con alta capacidad de recuperación comercial de la inversión en el corto y mediano plazo. El sector energético es esencial para la economía global, como se evidenció en 2020 y posteriormente en 2022, cuando influyó de manera significativa en el desempeño económico mundial; muchas economías tuvieron que adaptarse para asegurar el suministro de derivados del petróleo y gas natural en diversas actividades productivas.

En 2007, Venezuela alcanzaba una producción superior a los 3 millones de barriles diarios, respaldada por una infraestructura que permanece disponible, pero requiere reactivación debido a la falta de mantenimiento. A partir de ese año, las expropiaciones de activos de empresas extranjeras y el control total asumido por el gobierno vigente marcaron el inicio del descenso en la producción petrolera, situándose para mediados de 2016 por debajo de los 2 millones de barriles diarios. En 2019, este declive se intensificó, reduciendo la producción a entre 500 y 550 mil barriles diarios al cierre de 2020.

Durante 2023, comenzaron inversiones progresivas con el apoyo de Chevron (26 de noviembre de 2022, a través de la Licencia General 41 (GL 41) emitida por la OFAC), aprovechando permisos especiales para la exportación de crudo. Estas acciones permitieron incrementar la producción promedio a un rango de 950 mil a 1 millón de barriles diarios al final de 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 300 a 400 mil barriles en el periodo señalado.

En estos primeros días de enero de 2026, se reportó una caída del 14% en la producción, descendiendo a unos 830 mil barriles diarios. Esta disminución responde a recientes bloqueos navales y nuevas presiones políticas internacionales, que han impactado tanto la capacidad de almacenamiento como la gestión de reservas estratégicas, obligando a reducir temporalmente el volumen producido.

Venezuela contará con el respaldo del gobierno de Estados Unidos; sin embargo, el secretario del Interior, Doug Burgum, presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, ha dejado en claro que no se destinarán fondos públicos para la reconstrucción del sector petrolero venezolano. Burgum señaló que las necesidades financieras, estimadas en decenas de miles de millones de dólares durante la próxima década, deberán ser cubiertas por las empresas privadas y los mercados de capital. En este sentido, Estados Unidos proporcionará seguridad y un entorno operativo estable, en lugar de mecanismos de control directo.

(– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)