¡La verdad!

Informar sobre el estado que guarda la administración pública del país a los 119 millones 938 mil 047 mexicanos, según la encuesta intercensal 2015 del INEGI, en el cumplimiento de entregar el documento, este domingo uno de septiembre, en términos del artículo 69 constitucional, debe incluir la exigente autocrítica en el propósito de proveer el bien común para el cual se le mandató al Presidente.

Deberá ser un pormenorizado, reconociendo los claroscuros en el que habrán de estar plasmado aquellos ámbitos en los que hubo efectividad y también en los que se ha quedado a deber durante el trecho de los primeros nueve meses de gestión de Andrés Manuel López Obrador, en quien la voluntad popular -mayoritaria del 53.16 por ciento de las votaciones en los comicios del uno de julio de 2018- le depositó la confianza para representarle en sus intereses.

Tendrá que ser un acto republicano que le permita a sus gobernados conocer esencialmente la nación en la que cohabita, independiente de que aún no hay cambios sustantivo en temas trascendentales concernientes al desarrollo social, heredado en el quebranto por el régimen de gobiernos neoliberales, que no se resolverán en lo que va del sexenio sino que –hay que reconocer- requiere de un mediano plazo.

El mensaje presidencial de la naciente cuarta transformación deberá considerar que ya no admite más la retórica ni medias tintas, en primera instancia con relación a los 100 compromisos anunciados al inicio, ese uno de diciembre de 2018, cuando la toma de posesión, ante la muchedumbre concentrada en el zócalo capitalino.

Ahora las circunstancias le obligan a hablar con datos duros de esos 78 compromisos que se aseguró haber cumplidos a este uno de julio. Sin embargo, tendrá también que ser receptivos a las críticas de quienes en la discrepancia le señalen aquellos quienes tienen “otros datos”-, donde día a día se observan que no hay los resultados previstos, sin ameritar descalificaciones frívolas, cuando que entre esas diferencias se tiene la oportunidad de ponderar el fortalecimiento de la hoja de ruta de la gobernanza.

Parafraseando al propio poseedor de la primera magistratura mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el precepto de la democracia no todo es blanco ni negro. Por el contrario, las voces encontradas permiten la oportunidad de replantear la administración pública, ésta que se ocupa de gestionar el patrimonio y la hacienda para mejor proveer un bienestar en el desarrollo además de crecimiento socioeconómico sustantivo, de aquí al 2024. Sobretodo tomando en consideración la bandera de ser un gobierno del país que en efecto se debe a los mexicanos, quienes le eligieron para el objetivo de reencausar los esfuerzos para reivindicar el ejercicio de la función pública.

En la misma métrica de la conducta política, la soberanía popular, representada por los diputados y senadores del Congreso de la Unión, deberá ser responsable en el análisis del informe de gobierno; podrán en la pertinencia solicitar al Presidente de la República ampliar la información, mediante pregunta por escrito. Además de requerir la comparecencia de los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes en su esfera de competencia deberán responder con puntualidad a las inquietudes de los legisladores, “bajo protesta de decir verdad”. No porque el pleno del Congreso de la Unión sea mayoritario afín al régimen de la cuarta transformación tendrá que ser obsequioso, cuando que en el entramado de la división de poderes le corresponde ser genuinamente críticos.

Así como la oposición deberá abstenerse de pretender polemizar sin sentido alguno, hacer de la tribuna un espacio de tiranía en aras de buscar una rentabilidad a las alforjas de sus intereses ideológicos de partido. En su mezquindad exhibirían el ridículo demeritando aún más al cogobierno legislativo. Unos y otros frentes congresistas tienen que asumir la asignatura de velar por el interés del colectivo social, al cual también se deben como integrantes de la democracia representativa.

El ciudadano como principal interesado y beneficiario del cogobierno ejecutivo y legislativo tendrá que interesarse por conocer un informe presidencial realista, a partir del cual estar obligado también a coadyuvar para que el propósito de concretar la prosperidad.

El compromiso del ciudadano no se limita a la democracia participativa derivada en la emisión del voto para elegir por voluntad popular a sus gobernantes, ejecutivo y legislativos; elegir es sólo el principio de la parte que le compete de acompañar el ejercicio de la función púbica, administrativa y parlamentaria.

Desde luego que el ciudadano mexicano no se puede ser un simple actor pasivo sino activo en la definición de todo cuanto es del interés colectivo de la sociedad, para que en la unidad todos se beneficien, hayan o no electo a sus cogobernantes. Valga la expresión, hay que hacer que el país y sus entidades federativas transiten hacia el desarrollo y crecimiento.

Lo contrario, haber optado una vez más la alternancia se iría otra vez al sesto del tiempo perdido; ocurrió en el 2000 con el panista Vicente Fox que dio por terminado un régimen monolítico autoritario así como corrupto de 71 años, luego en 2012 con el priista Enrique Peña Nieto, y ahora en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, en su caso por Morena, quien asumió ahora -hasta la tercera competencia- a la Presidencia de la República.

BITÁCORA

En palabras del destacado ideólogo priista Jesús Reyes Heroles, la política es tan delicada como dejar su ejercicio solo en manos de los políticos. eduhdez@yahoo.com