“No es para presumir, pero…”

Las recientes elecciones para Presidente en los Estados Unidos de América en el agotamiento de su modelo dejaron tras de sí muchas lecturas en las cuales el sistema político mexicano incluso se ve reflejado. En pro sobresale la plausible participación ciudadana y en contra la desesperación del derrotado que aun sabedor de las ilegalidades incurridas acusa fraude, rabioso porque la voluntad popular y el colegio electoral le fueron adverso.

El modelo electoral estadounidense americano, con quien se tiene atado integralmente mucho de la vida política y socioeconómica, no es ajeno al que en su origen tuvo el estado mexicano, por tanto que el pacto federado en esencia adoptó el mismo para elegir aquí su gobernanza.

Caso Tabasco, origen del Presidente de México en funciones, cuando se constituyó legalmente como estado, el cinco de febrero de 1825, incorporó la reglamentación de elegir a sus autoridades de gobierno, ejecutiva y legislativas, a partir de la democracia indirecta.  

Una votación que tuvo su punto de origen a los electores de partidos, estos  que en la actualidad se conocen como municipios, y se elegían directamente por la muchedumbre, tantos representantes como la densidad poblacional de cada uno de los nueve demarcaciones de esa época y un territorio, quienes en fecha posterior se reunieron para decidir entre ellos a diputados integrantes del Congreso y luego al Gobernador de Estado.

En el discurrir del tiempo y las circunstancias del sistema de gobierno presidencialista de México se transitó hacia la modificación de las reglas del juego regida por las comisiones electorales, federal y estatales, que luego dio paso a que emergieran en 1990 y subsecuente los organismos institucionalizados, en quienes reside la preservación de la vida democrática que al cabo de 30 años han trascendido en un Sistema Nacional de Elecciones con la rectoría del Instituto Nacional Electoral y los locales.

Un Sistema Nacional de Elecciones autónomo depositario de la función pública de la organización de los comicios constitucionales de las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas, en el que los principios de la democracia están sólidamente anclados, sumado el contrapeso de los órganos jurisdiccionales de carácter igual electoral que en común le garantizan unas votaciones sustentadas en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad.

Con la reforma política del 10 de febrero de 2014 se incorporó la máxima publicidad como un principio fundamental en el que la ciudadanía electora tenga garantizada el conocimiento del desarrollo de las actividades preparatorias a la jornada cívica concurrente del seis de junio próximo que en esta ocasión corresponden al proceso ordinario 2020-2021,  los 32 estados que elegirán a sus correspondientes presidentes municipales y/o congreso, además gubernaturas y a los legisladores federales.

Vista en el espejo de sus entrampadas elección de la Unión Americana donde no es presidente necesariamente el candidato que tiene más votos sino aquel que logra más delegados en el colegio lectoral, en el caso mexicano renovar más de 29 mil cargos públicos por voluntad no es una asignatura sencilla de llevar a cabo, pero sí requiere que cada uno de los actores asuman el rol; organismos electorales, partidos y candidatos, además de la ciudadanía, por que es el colectivo civil que recibe y cuenta los votos de sus vecinos, nadie más. Observadores y representantes departidos son eso.  

En el escenario de que los comicios sean incluso híbridos, en los que se tenga la votación tradicional y el uso de la urna electrónica en algunas entidades y/o secciones electorales, el compromiso de todos es lograr una copiosa participación de os electores, incluso en proceso de renovación intermedios, que hagan robusto la legitimidad de la voluntad popular.

El Sistema Nacional de Elecciones en México en el entramado de la vida democrática es referente y ejemplo internacional, considerando que nada es definitivo y sí perfectible. El estadounidense anglosajón no puede preciarse de ser modelo a seguir, aun menos cuando parece haber llegado el momento de replantearse ante evidente fecha de caducidad.

Lo que en su momento funcionó en la actualidad ya no aplica, tendrá obligadamente que cambiar sus reglas en el ámbito de una constitución que prácticamente continúa intacta, salvo una que otra adecuación como la de los vecinos del norte. Por fortuna la fuerza de los demócratas mexicanas han hecho lo suyo, excepto que hay una asignatura pendiente con candidaturas ciudadanas, no las independientes prostituidas por quienes militaron en partidos.  

En uno y otro caso hay todo el blindaje y la observancia internacional incluso de los medios de comunicación como para que se denuncie un fraude cuando no se tiene argumentos ni probanzas que lo sustenten ante el los órganos de justicia electoral, igual obligada a actuar con probidad y rectitud, en ningún momento obsequiosa. Las televisoras cortaron la transmisión del discurso derrotista de Donald Trump.  

En México las reglas del juego plasmadas en los acuerdos que emiten El Consejo General del INE y los locales, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, buscan preservar el equilibrio de la competencia, ni en pro ni en contra de unos y otros sino el interés democrático de ceñirse a las reglas del juego, en la cual el favorecido debe ser la ciudadanía.

Una voluntad popular que decide por mayoría a quién sí y a quién no mandata para una gobernanza que represente los intereses del bien común, reflejado en calidad de vida.  

Bitácora

La modernidad en la democracia del voto electrónico es ya imperativo, así habrá de ser en el 2024. 

eduhdez@yahoo.com