Transgrede el derecho individual a la vida privada de las personas en un país que desde el texto constitucional tiene inscrita esta garantía bajo el paraguas de una República   democrática, laica, federal y popular; habida cuenta la creación de la Clave Única de Registro de Población Biométrica como único documento oficial a partir de su emisión sobre el entramado del conjunto de decretos catalogadas como «leyes espías» emitidas durante el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, Senado y Diputados, entre el 23 de junio y 3 de julio.

La violación a privacidad en el caso puntual de quienes cohabitan como mexicanos se acentúa justo porque las «leyes espías» mandatan al Instituto Nacional Electoral la entrega inmediata de toda la información personal y datos biométricos que el Registro Federal de Electores tiene en resguardo de 99 millones 659 mil 448 mujeres y hombres al gestionar la credencial para votar con fotografía.

El texto del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el INE es la autoridad con autonomía a cargo de cumplir con el mandato de organizar las elecciones para renovar cada 6 y 3 años a las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas; sumado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Los datos biométricos son las características físicas, fisiológicas o de comportamiento únicas de cada individuo que se pueden utilizar para la identificación o autenticación; entre los más comunes sobresalen las huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo del iris, reconocimiento de voz y geometría de la mano. Datos biométricos que transitaron a ser comunes por su recurrencia para reemplazar contraseñas y PIN tradicionales, especialmente en dispositivos móviles y sistemas de seguridad.

En el contexto del Estado de Derecho, Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del órgano electoral nacional rechazó la entrega al Gobierno Federal del padrón electoral y la lista nominal con la información de los electores; en particular a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a cargo de José Antonio Peña Merino, con la función de «unificar las capacidades tecnológicas del Gobierno de México para su mejor aprovechamiento, generando autonomía tecnológica e impulsando soluciones tecnológicas».

Evidentemente, los recientes decretos incluyen a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual igual se ordena a las empresas de telefonía móvil a entregar sin objeción los datos biométricos de los usuarios de telefonía celular.

Sin filias ni fobias ni fobias, los mexicanos quedaron en estado de defensión para exigir la protección de sus datos personales debido a la extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, este contrapeso democrático que tuvo la asignatura de obligar a que la autoridad ejecutiva y legislativa o cualquier otro ente de gobierno exhibiera toda la información mínima de oficio en su sitio web de internet, o en su caso la proporcionara a quien por su conducto la solicitara; con la asignatura de mantener la privacidad de la información personal de quienes nada tuvieran que ver en la administración pública.

Aún más, literalmente ya no hay instancia de fiar como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte del Poder Judicial Federal, así como los locales, para tramitar una denuncia equiparable a la Acción de Inconstitucionalidad que se extinguió por reforma al artículo 105 constitucional, de modo que ya no se tiene una salvaguarda. El peligro se agudiza porque en la austeridad el tema de permanente actualización en la ciberseguridad llevó a que se infiltraran a los Sistemas Informáticos del Ejército, Pemex, la Lotería Nacional y hasta de Palacio Nacional.  

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en medio de la transgresión constitucional por la creación de la Cédula única de Registro de Población Biométrica tendrá acceso a la ubicación incluso georreferenciada de absolutamente todos, a cuentas bancarias y al contenido en los dispositivos móviles como las computadoras.

So pretexto de combatir la delincuencia organizada, implicado el narcotráfico y los de cuello blanco, los Poderes de la Unión equivocan la ruta yendo igual contra la libertad de pensamiento y expresión, además de la acción.

El conjunto de legislaciones recientes va contra natura del espíritu del régimen autodenominado de la «Cuarta Transformación», contra la esencia democrática de México y de los mexicanos y los que no son. La estructura actual supera por mucho las facultades metaconstitucionales del Centro del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional y de la renovada Unidad de Inteligencia Financiera.

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