OPINIÓN

Poder Político
11/08/2025

Piso parejo


El diseño de reforma electoral constitucional y a sus leyes para renovar a las autoridades ejecutivas y legislativas no admite erosionar el andamiaje vigente, que bajo el paraguas de lo perfectible ata de aquella que con aplomo demócrata impulsó en 1977 Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación de un régimen hegemónico, incluso plasmó a pluralidad en la competencia por la gobernanza; que desde entonces

le ha permitido la muchas organizaciones civiles formar partidos políticos, en los cuales sí debe exigir elevar la calidad sustantiva e integral.

En el contexto de la «Calidad de la Democracia», no son punto débil el Instituto Nacional Electoral y los 32 Órganos Públicos Locales que reglamenta, sino el foco prioritario debe centrarse en los jugadores, en este caso el ecosistema de los partidos políticos que deben tener candados  como genuinas instituciones integradas por ciudadanos, además de plataforma para el acceso de sus militantes al poder; con la prohibición al corporativismo de involucrarse en ellos.

Aunque en el obsequioso libertinaje por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó al INE a otorgar el registro como partidos políticos a organizaciones que con evidencia transgredieron la constitución; como Fuerza por México ligado a Pedro Haces, secretario general desde hace 45 años de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México; así como el Partido Alianza Social con injerencia religiosa, y Redes Sociales Progresistas vinculado al magisterio.

Los 3 entes políticos participaron en el proceso electoral federal  2020-2021 con el resultado de la inmediata pérdida del registro, al no alcanzar el umbral del 3 por ciento en la votación nacional.

El problema en el ecosistema de partidos políticos está en una arraigada degradación alejada del cumplimiento en la «Calidad de la Democracia», al quedar en la apropiación de unos cuantos escalando a convertirse en mercaderes para su propio beneficio económico de las múltiples maneras.

El más rentable ha sido el Partido Verde Ecologista, incluso con la venta de candidaturas al mejor postor. Aún más, se declara de ideología de izquierda, cuando desde su fundación se rigió por el ala derechista.

Por como se rigen, este tipo de entes no son partidos ni son políticos montados en la esencial política arrastrada entre las patas, engañando al múleo social de electores que no hallan opción alguna en la cual confiar un voto por «voluntad popular», cuando de manera sistemática le incumplen el compromiso de la «justicia social», reflejada en los satisfactores de bienestar , implicada en esta en un trabajo digno, educación y salud pública, además de seguridad, alumbrado, esparcimiento, entre otros tantos.

Cada ciclo de competencia electoral de renovación constitucional, los electores se topan con los mismos rostros y apellidos incluso heredados, a quienes no se les cree, habida cuenta que igual reciclan los compromisos  en la puja de convencerles una vez más, o bien son coaccionados.

El coordinador de la reforma electoral, Pablo Gómez, debe tener en cuenta el vigente andamiaje por el contribuyó a hacerlo posible desde la oposición, para lograr la independencia del INE y de las instancias locales, que desde 2014 dejaron de ser un botín de los gobernantes y congresistas para imponer a sus incondicionales a su servicio.

Desde entonces las consejerías electorales se designan mediante convocatoria pública que se les filtra por una rigurosa evaluación de conocimientos en la materia y competencias en áreas específicas, sumado a un ensayo, análisis de perfiles y entrevistas. Quienes en su momento violentaron los principios democráticos fueron sancionados con retirarles el cargo.

Así como desde la presidencia de la República se envió la iniciativa se impulsó la reforma constitucional para prohibir el nepotismo en la transición de gubernaturas entre familiares, con el mismo rigor se deben exigir que los partidos deban obtener el umbral del 5 por ciento de votación para revalidar su registro, además de profesionalizar sus candidaturas a través de las escuelas de cuadros, con nuevos perfiles, que comprendan y ejerzan la «política».

Se les debe exigir contar con por lo menos con  la militancia equiparable al 1 por ciento del listado nominal que requieren a los independientes para la presidencia, estos que deben ser civiles y no más refugio de personajes resentidos de la clase cogobernante.

Hay otros temas que fortalecer en las Constitución y sus inherentes leyes sin alterar la esencia demócrata ni los principios rectores de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, y Máxima Publicidad» que deben observar el árbitros, partidos y candidaturas, sumando a los otros jugadores; debe involucrar las sanciones de campañas fuera del proceso electoral; sin olvidar la emisión de la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que prohíbe la promoción personalizada con recursos públicos.

eduhdez@yahoo.com





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