Un país como México que desde el artículo 40 de su Constitución Política se asume como una República, y entre sus valores destaca una convicción «Democrática», no puede permitirse que el régimen indistintamente de su ideología pretenda vulnerarle hasta su extinción; aún menos por aquellos quienes hoy están en el poder contribuyeron mucho a erigir un «Sistema Electoral» con autonomía del árbitro; responsable de observar y hacer que partidos y candidaturas observen los principios de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad».

El régimen de gobernanza federal en funciones no puede ir a contracorriente de unas incesantes demandas que tuvieron por décadas porque la presidencia de la República quedara al margen de las decisiones de un genuino organismo ciudadano, a cargo de organizar las votaciones para que los electores emitieran su decisión en voluntad popular a sus gobernantes ejecutivos y legislativos.

Nada más no puede ser admisible que vayan en sentido contrario quienes participaron de manera muy activa desde la izquierda para construir incluso por décadas y mucha resistencia ante amenazas para hacer realidad este «Sistema Electoral»; que desde la reforma de 1977 ha sido perfectible yendo en un proceso de encausar un entramado que al cabo del tiempo hasta la más reciente reforma de 2014 se tiene configurado un modelo de avanzada, aunque con mucho más por trabajar en la «Calidad de la Democracia».

No puede negarse que por esta reforma electoral que se trabajó con estudios de rigor técnico durante todo 1977, hasta emitirse por decreto constitucional y legal el 4 de diciembre de ese año, se abrió la puerta para que la competencia por el acceso al poder gobernante, que hasta entonces era de sólo 4 opciones, permitiera a otras organizaciones civiles entrar a la puja; una real pluralidad que incluso permitió a los partidos de ideología de izquierda y/o comunista salir de la clandestinidad para sumarse a esta oportunidad, antecedentes del actual régimen.

Por supuesto que el Instituto Nacional que reglamenta a los 32 Organismo Públicos Locales deben mantener su naturaleza de autonomía, habida cuenta las complejidades distintas que se tienen en el ámbito federal respecto de lo estatal, que a falta de estos será imposible ser resueltas por el órgano que les reglamenta. No debe estar a negociación ni a imposición una eventual infiltración del régimen mediante personeros. 

Bajo el paraguas democrático, no hay razones convincentes para que quienes fueron parte activa de este andamiaje del «Sistema Electoral»que es motivo de reconocimiento internacional, este les permitió acceder al poder de la gobernanza presidencial ahora pretendan tirarle para que los otros que igual sumaron fuerza no puedan acceder a esa posición.

Argumentar que el INE se ha corrompido hasta escalar a sus Consejerías Generales Electorales sería una falacia, en razón de que este órgano de superior de dirección no ha tenido misericordia incluso para remover en febrero de 2016 a consejerías del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, por no aplicar la paridad de género en candidaturas,  así como en febrero de 2022 a la presidencia del Instituto Electoral de Hidalgo ante irregularidades en el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Además, sancionó en 2021 con la negativa de registro de candidaturas a 49 aspirantes por no presentar su informe de gasto de precampaña; entre estos los de gubernatura a Rubén Morón, por Michoacán, y a Félix Salgado Macedonio, por Guerrero; este en su iracunda furia se plantó junto con sus seguidores frente a la sede nacional del INE, con la amenaza de atentar contra la integridad del consejero presidente y a su familia.

Sin filias ni fobias, una reforma electoral como la que se pretende con la participación de foros para el efecto de tener un documento robusto acorde a los tiempos y circunstancias, no podrá tener esa armonía cuando quienes integran la comisión a cargo de este propósito se caracterizan por un prejuicioso rencor que les impide coordinar con la sensatez, sumado a que carecen del conocimiento técnico que debe exigírsele.

No puede perderse del foco que si la organización de las elecciones son caras se debe a que estas descansan sobre el halo de la desconfianza sobre todo entre los partidos políticos y sus candidaturas, que justo por inseguridad de sus argumentos les induce a todas a actos ilícitos.   

Lo más sensato sería permitirle al INE realizar un auténtico piloto en el uso de las urnas electrónicas que sean vinculantes al resultado electoral; aparejado con la implementación del voto digital con sólo escanear el código QR que se tiene al reverso de la credencial de elector, con geolocalizador para que sólo pueda emitirse el sufragio sólo en donde corresponde a nivel federal y local, según el sitio en donde se halle. Su implementación para  este 2027 y en 2030 representarían ahorros sustantivos... Aun así la desconfianza seguirá.    

eduhdez@yahoo.com