La consignación en el senado sobre la renuncia en menos de 40 días de una docena de los juzgadores del Poder Judicial Federal  luego de que entraron en funciones este uno de octubre, sin conocer las razones si permite inferir que quienes declinaron tuvieron su golpe de realidad, al asumir un cargo de juzgador con la exigencia de un nulo bagaje profesional formativo de carrera desde la raíz y no sólo ocupar esa posición por el hecho de querer prosperar, cuando no cualquiera está hecho para estos perfiles.

Sin duda que en lo subsecuente se presentarían otras tantas renuncias, como las del 19 de noviembre, porque la asignatura además de compleja demanda un compromiso laboral absorbente en tiempo para analizar y resolver conforme a la legislación.

Queda claro que no por el hecho de quien posee un grado profesional de derecho le hace apto para aspirar a desenvolverse con absoluta solvencia. Por eso debió mantenerse el servicio profesional que evaluaba con rigor para los ascensos cuando ameritaba una convocatoria ante vacantes.  

Mientras los congresistas de la Unión con fecha 11 y 19 de noviembre requirieron al INE los expedientes de quienes quedaron en segundo lugar de la elección del

1 de junio, para el efecto de cubrir con sus nombramientos esos cargos declinados; entre estos de magistraturas y jueces, los niveles altos y medio debajo de los ministros de la Corte. 

Nadie está en la posición de cerrarle o estar en contra de la aspiración de quien tiene la convicción de una vocación? en es te caso del Poder Judicial Federal o bien en lo local, aunque también hay quienes sin tener los argumentos vieron la oportunidad de escalar a un cargo de jerarquía, así como por la remuneración salarial que le permitiría a unos salir del desempleo o bien tener una desahogada solvencia que de otra manera no lograrían, ni siquiera con empeño en sus áreas afines sobre los que encausaron su proceso formativo universitario.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, entre sus nuevos integrantes de ministras y ministros cada que hay sesión de pleno se observan criterios distintos al que establece una genuina deliberación sobre cada caso que argumente el sentido del voto hacia una convincente sentencia. 

Por lo contrario, hay ignorancia evidente como sucede con Lemus Batres Guadarrama, al grado de que sus compañeros le enmiendan la plana a la autodenominada "ministra del pueblo". 

Desde ahora se puede anticipar el caos que habría a partir del 1 de octubre de 2026 cuando le tocará asumir la presidencia en vez de Hugo Aguilar; una Suprema Corte de Justicia la Nación, depositaria del control de constitucionalidad y de convencionalidad que por su naturaleza no admite error voluntario o involuntario por paste de sus integrantes, ante los casos delicados que le escalan o bien sin de competencia directa. 

Yasmín Esquuvel Moza como ministra está marcada por suspicacia sobre el plagio de una tesis de titulación distinta a la suya, impidiendo mediante amparo definitivo para que la UNAM emitiera un dictamen técnico; un considerando que le impediría ejercer y adicional enfrentar un proceso judicial. 

Los otros ministros igual traen cargando tras a de sí una joroba de claroscuros cuestionables. 

En el fondo de la forma razones hubo para modificar la constitución federal para que el senado se desligara de una responsabilidad de naturaleza técnica y exhaustivo estudio, así como análisis de perfiles para idóneos; y se diera paso a una elección ciudadana que ningún interés tuvo en conocer a los aspirantes y menos votar ante la complejidad, excepto un 13 por ciento. 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el ministro de la corte de agosto de 2018, en esa ocasión expuso los motivos de su oposición a que eventualmente se encausara una elección popular sobre los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una votación popular "desnaturaliza por completo, los Jueces Constitucionales son de un cargo técnico que tiene que ser designado a través de un proceso técnico y perfiles adecuados; y cuando se han hecho nombramientos que no son los más adecuados no es por la forma, es por quiénes intervienen. Hay que ver dónde está el problema.

"Porque el más popular, el más simpático, o el que logra generar más empatía con el ciudadano no es necesariamente el mejor ministro o Juez. Muchas ocasiones los Jueces tenemos que ser impopulares.

"Mucho de lo que hacemos es contra mayoritario, porque es defender los derechos de las minorías incluso frente a las mayorías. Me parece que si fuera por elección popular se desnaturaliza la función del Juez Constitucional".

El Arturo Zaldívar de 2025, ahora ex ministro de la Corte al renunciar un año de concluir su periodo ahora razona en contrario de lo expuesto sobre la elección popular, en TV UNAM. 

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