SEGUNDA DE DOS PARTES

En Yucatán, los nodos críticos —Kantenah, Leona Vicario, Chichí Suárez— requieren refuerzos urgentes. El cable submarino Playacar–Chankanaab II, clave para la estabilidad de Cozumel, sigue pendiente. En el Noreste, el corredor 119 es la única vía real para evacuar la nueva generación. En ambos casos, la generación adjudicada supera la capacidad disponible. El cruce con el Informe de Transmisión del primer trimestre del 2026 lo confirma: en la Península, los 2,400 MW adjudicados se enfrentan a apenas 1,650 MVA en obras de transmisión. El "match" es calificado como bajo. En el Noreste, el match es medio, pero condicionado al avance del corredor 119.

La sobre cobertura total del proceso —911 MW por encima de la meta nacional— se concentra precisamente en las regiones más frágiles. El análisis advierte que esto generará curtailment, pérdidas de ingresos y un sobrecosto fiscal para la CFE, que está obligada a comprar el 70% de la energía generada. Es decir, incluso si la energía no puede evacuarse, la CFE deberá pagarla. El pasivo contingente para el Estado es real.

A esta fragilidad estructural se suma la complejidad del almacenamiento obligatorio. El esquema exige que cada proyecto instale baterías equivalentes al 30% de su capacidad, con una duración mínima de tres horas. En total, se requieren 1,850 MW y 5,560 MWh de BESS. El análisis realizado de los proyectos lo explica con claridad: "Sin BESS no hay potencia firme, no hay acreditación en MBP, no hay ingresos por Servicios Conexos y el sistema no absorbe la sobre-cobertura solar." Pero la DACG del 29 de mayo de 2026 introdujo un cambio que añade incertidumbre: el porcentaje fijo de almacenamiento puede ser sustituido por estudios sistémicos del CENACE. Eso significa que los proyectos podrían tener que redimensionar sus sistemas de baterías, con costos adicionales y retrasos en ingeniería.

El riesgo de cuello de botella no es solo técnico, sino también financiero. Algunos desarrolladores, como Thermion, deben cerrar seis financiamientos en paralelo. Otros, como Terralia, deben asegurar el suministro de 951 MWh de baterías, un volumen sin precedentes en México. Fisterra depende de que se completen las subestaciones Kantenah y Chichí Suárez. Oak Creek depende del corredor 119. Freeman–Quantum opera en Baja California, un sistema aislado donde los costos de respaldo son mayores. Cada desarrollador enfrenta un obstáculo distinto, pero todos comparten el mismo talón de Aquiles: la transmisión.

El análisis realizado de los proyectos concluye que solo 17 de los 37 proyectos tienen interconexión viable con la infraestructura existente o en construcción. Los otros 20 dependen de obras que aún no se licitan o que están en etapas tempranas. La frase final del análisis es lapidaria: "La interconexión existe en el papel, no en la práctica." Y esa es la verdad incómoda detrás del éxito aparente del esquema mixto.

México logró adjudicar 7,411 MW, reactivar la inversión privada, atraer capital extranjero y establecer un modelo de asociación público-privada que preserva el control estatal. Pero lo hizo sin resolver el problema estructural que ha frenado al sector eléctrico durante más de una década: la falta de transmisión. La generación crece más rápido que las líneas, más rápido que las subestaciones, más rápido que los permisos, más rápido que la ingeniería civil. El resultado es un sistema donde los MW existen, pero no pueden moverse.

El riesgo es que la historia se repita. En la década pasada, los parques eólicos del Istmo quedaron atrapados por falta de transmisión. Hoy, el análisis realizado de los proyectos advierte que Yucatán y el Noreste podrían vivir el mismo destino. La diferencia es que ahora el Estado tiene una participación del 54% en los proyectos. Si la transmisión no avanza, no solo los privados pierden: también pierde la CFE, también pierde el erario, también pierde el país.

Por eso, cada proyecto no debe leerse únicamente como una evaluación de capacidad instalada, sino como una alerta sobre la coordinación entre planeación, permisos, financiamiento, almacenamiento y ejecución física de la red. El verdadero desafío no está solo en adjudicar megawatts, sino en garantizar que cada central tenga una ruta eléctrica disponible, segura y oportuna para entregar energía al Sistema Eléctrico Nacional. (– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)

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