La mayoría de los ciudadanos que no van a votar el próximo primero de junio será porque no conocen a los candidatos, muchos ni siquiera saben qué hace un magistrado de circuito o qué hará el Tribunal de Disciplina. Otros no van a votar en protesta contra la Reforma Judicial que ordena la realización de estas elecciones. En ese caso la abstención no será por falta de conocimiento, sino un mensaje político, para muchos una cuestión de principios.

En entidades como Tabasco, donde se va a llevar a cabo la elección judicial sin que se haya otra elección intermedia, se estima que apenas uno de cada diez ciudadanos se presentará a las urnas a cumplir con esta obligación. Es una obligación para la que la práctica no se impone sanción alguna en caso de no cumplir, no obstante, nuestra Constitución política federal establece que votar en las elecciones consultas populares y procesos de revocación de mandato es obligación de los ciudadanos.

Se espera, pues, que sean minoría los Ciudadanos con mayúsculas, los que vayan a cumplir con el mandato de participar en estos comicios judiciales, inéditos e históricos. De estos ciudadanos, probablemente sean todavía menos los que acudan convencidos, o al menos, habiendo hecho su tarea de investigar, quizá el promedio vaya no digamos sin conocer a los candidatos, sino a elegir de tin marín de do pingüé a la mera hora. Todo es posible y escenario, muy costoso por cierto, está casi puesto.

Hay que destacar que entre menos ciudadanos vayan a votar, más valor tendrá cada voto que se deposite en las urnas. Valor económico, por cuanto que se estima que cada casilla costará 29 mil pesos, tomando en consideración que el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto de 13 mil 200 millones de pesos para la organización de las elecciones federales, monto al que en Tabasco habrá que agregarle los 144 millones de pesos que tiene como presupuesto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección local.

Son cifras multimillonarias, y aún así, el valor político y ético de cada voto en esta elección judicial puede ser mucho mayor. Imposible de tasar en número. Es comprensible, sobre todo entre el ámbito jurídico, que se tengan críticas, que se sientan abrumados. Sin embargo, la descalificación simple y llana abona poco frente a una elección que será organizada por los ciudadanos, tal como ha sido cada elección en las últimas tres décadas.

Suponiendo que fuera cierto como especulan, que desde el poder o grupos dentro de alguna fuerza política, se tiene previsto activar el ejército de mapaches, circular un guion para que la gente masivamente vote por determinados candidatos, o que se gire la instrucción de votar por cualquiera que provenga del comité de elección de un poder o de otro, si todas estas especulaciones, de las que nadie ha aportado una sola prueba fueran ciertas, con mayor razón quienes sí conocen la importancia del Poder Judicial, quienes sí conocen a los candidatos, tanto los buenos como los pésimos, tienen la obligación de ir a votar. Sólo un voto informado puede acercar la reforma judicial hacia el ideal que la motiva y alejarla de las consecuencias que de ella se temen.

Es en la intimidad de la casilla, frente a las boletas, donde los ciudadanos nos ponemos en igualdad de condiciones para decidir, en este caso, a quiénes consideramos que son los más idóneos para impartir justicia. Sí, se puede criticar esta reforma como el capricho de un grupo político, eso no quita que formal y materialmente emana de una reforma constitucional, y por lo tanto, ahora es parte del ejercicio de la soberanía nacional la designación de magistrados y jueces.

Además, si la ciudadanía en su momento no respaldó masivamente las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, tácitamente ha respaldado esta reforma. Sin embargo, esa aprobación al estilo del que calla otorga, no es suficiente. Se requiere un compromiso mayor, una ciudadanía a la altura de sus obligaciones, que revise qué cargos se van a elegir para su sección electoral, cuáles son los candidatos que se han postulado, distinguir al menos quiénes están en funciones y quiénes son postulados por el comité de evaluación de un poder.

Hace falta acometer la tediosa labor de cruzar la información de currículums, contexto, experiencia personal, tomar opiniones de entre los conocidos y hacer todo lo posible porque la decisión que se tome el primero de junio sea a conciencia. No por mandato de alguien, no a sugerencia, pues lo que está en juego es nada menos que una de las principales obligaciones del Estado y de las más sentidas necesidades de la gente, que es la impartición de justicia.