Hace unos días circuló la versión de que la presidencia del país preparaba una iniciativa para quitar la autonomía a las fiscalías de la República y las 32 entidades, misma que Claudia Sheinbaum desmintió cuando fue cuestionada al respecto. “Hay que pasar la reforma al Poder Judicial, y en un tiempo, si es necesario, discutir qué necesitamos hacer en las fiscalías, pero por el momento no está planteada ninguna reforma”, afirmó la presidenta, con lo que aclaró que las fiscalías seguirán trabajando con el marco jurídico que tienen.

Aunque la versión -replicada en medios nacionales, internacionales, en redes y diversos medios locales- se cayó, resulta pertinente discutir al respecto de las fiscalías y de si su autonomía ha dado los resultados que se esperaban, tomando en cuenta que esa reforma cumplió ya una década. La evaluación de los resultados de los órganos públicos autónomos encargados de la procuración de justicia e investigación inicial en casos de delitos debe ser permanente, continua. No podemos esperar a determinar “si hace falta” discutir al respecto después que se implemente la reforma judicial.

Una de las varias críticas a esa reforma, y con razón, es que se excluyó a las fiscalías. Se partió del supuesto de que la corrupción y las malas decisiones son, todas, responsabilidad del Poder Judicial, cuando muchas veces las decisiones de los jueces se explican por el hecho de que la fiscalía en cuestión no hizo debidamente su trabajo.

Un aspecto poco comentado de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, es que la población encuestada ubica a la Fiscalía General de la República y a los jueces (en general) con prácticamente el mismo nivel de efectividad: 47.7 por ciento la FGR frente a 47.3 por ciento de los jueces. En cuanto a los jueces, no se distingue a los del fuero federal respecto de los del estatal, pero las fiscalías estatales tienen un nivel de percepción de eficiencia menor, del 45.5 por ciento. Si la reforma judicial salió adelante bajo la premisa de la falta de eficiencia, hay que reconocer que las fiscalías no están haciendo mejor su trabajo.

Hay que destacar que esa percepción y los resultados de las fiscalías se dan más de una década después de la reforma del 14 de diciembre de 2014, en que se aprobó que PGR transitara a FGR con el fin de responder a la misma exigencia: mejor justicia en el país. Esa reforma, que dotó de autonomía también al resto de las fiscalías, tuvo la intención de que estos órganos de procuración de justicia tuvieran distancia del poder suficiente para evitar cualquier subordinación política, para ejercer la acción penal con mayor eficacia, con mayor capacidad técnica y humana. Objetivos de los cuales ninguno se ha alcanzado a colmar tanto como se requiere.

Al momento, en la mayoría de las entidades del país, la independencia de las fiscalías es un mero supuesto jurídico, pues de hecho los fiscales están subordinados a sus gobernadores, a quienes les deben lealtad simplemente por haberlos propuesto en la terna. Muchas veces, aunque sean nombrados por periodos determinados de años (nueve en el caso de Tabasco), ofrecen su renuncia en cuanto el gobernador o gobernadora en cuestión se las pide. En casos de que haya distancia política, la situación a veces termina en un abierto enfrentamiento, como ocurrió en Morelos con el exfiscal Uriel Carmona.

Mientras tanto, la supuesta autonomía no ha dado como resultado una mayor confianza de la ciudadanía para ir a denunciar los delitos de que son víctimas, las mujeres muchas veces sufren una revictimización cuando acuden a iniciar una carpeta, a pesar de las muchas capacitaciones en materia de género que se imparten. Por cuanto a la capacidad técnica, la realidad es que la mayoría de las fiscalías están rebasadas, a tal grado que a nivel nacional tenemos una crisis forense sin precedentes, que se ha gestado precisamente en la última década.

Uno de los episodios más lamentables que sirve para ilustrarlo es el de las masacres de San Fernando, Tamaulipas. Más recientemente, la errática actuación de la FGR en el rancho Izaguirre. Sin olvidar el escándalo de los tráileres de la muerte, llenos de cadáveres sin identificar, sin condiciones para ser conservados mientras se los investigaba, ocurrido en Jalisco en 2018. Si de verdad no hay una iniciativa para reformas las fiscalías en el país, es momento oportuno para plantear una que sea fruto del diálogo abierto con la sociedad, en especial, con colectivos de víctimas y ofendidos como las madres buscadoras.