Elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron mediante el cumplimiento de orden de aprehensión a dos servidores públicos del Poder Judicial de la entidad, a quienes se investiga como presuntos responsables del delito de denegación de justicia, cometido en agravio de la sociedad y de dicho poder.

Fueron llevados ante una Juez de Control, como parte de la obligación institucional de esta representación social de procurar justicia de manera imparcial y con apego a Derecho.

INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició las indagatorias, tras la denuncia del Tribunal Superior de Justicia, identificando como presuntos responsables de los hechos a Heberto “N” y Víctor Manuel “N”, quienes eran personal activo de dicha institución.

De acuerdo a la información asentada en las causas penales 1359/2023 y 1404/2023, los hoy imputados se desempeñaban como actuario judicial y notificador, respectivamente; y se les imputó la presunta omisión del cumplimiento de sus funciones, al dejar de diligenciar distintos oficios que les fueron turnados.

Con esta acción habrían ocasionado un rezago que afectó a distintos casos y, en consecuencia, a los justiciables. Ante lo cual se presume la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 271 fracción III del Código Penal para el Estado de Tabasco.

Derivado de lo anterior, el pasado 28 de octubre de 2023, la Policía de Investigación de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto procedió a la detención de Heberto “N”, cuando este se encontraba en el ejido El Bajío primera sección, de Cárdenas.

De igual forma, cumplieron la orden de aprehensión girada por el Juzgado de Control de la Región Judicial 9, en contra de Víctor Manuel “N”, en la colonia Santa María Periférico, del citado municipio.

• Tras ser presentados ante la autoridad jurisdiccional, se les fijó la medida cautelar de firma periódica. Actualmente se está a la espera de la continuación de la audiencia para su posible vinculación a proceso.

A los antes citados se les presume inocentes y serán tratados como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se le declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.