Uno. Ante millares de seguidores —una buena parte acarreados, según fuentes confiables—, la presidenta Sheinbaum hizo un repaso en el Zócalo el pasado domingo de los logros de su primer año de gobierno. Interesantemente, no alardeó los éxitos que, según la oficialidad, consiguió frente a Donald Trump. La narrativa dominante sostiene que la presidenta es la única mandataria que ha contenido la agresividad del presidente norteamericano, además de que ha evitado la imposición de aranceles altos, como los que ha impuesto a la mayoría de los países.  Destacó, en cambio, como interés prioritario de su gobierno, la defensa de la soberanía. Las respuestas no se han hecho esperar. Por un lado, los defensores de la presidenta y la llamada cuarta transformación han enarbolado, de nueva cuenta, el discurso nacionalista. Los detractores, por su parte, han insistido en que el recurso exhibe las contradicciones de su política de seguridad y de sus posturas ambiguas frente a Trump y el ex presidente López Obrador.

Dos. El diputado federal por Morena, Erick Hugo Flores, afirmó en un evento religioso que el setenta por ciento del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Señaló que el ascenso de las bandas criminales al poder ha pasado por tres etapas. En la primera, dijo, financiaban campañas y pedían que se les entregara la policía o alguna dependencia, como la del agua. Después, afirmó, ellos designaban a los candidatos a los puestos. Finalmente, ahora, señaló ellos son los que gobiernan. "No nos engañemos", sostuvo el político oficialista, el territorio está en manos del crimen organizado; ellos imponen a los presidentes municipales.

Tres. En medio de los debates suscitados por algunos artículos de la propuesta de reforma a la Ley del Amparo, entre los que destaca la no suspensión de los actos del estado, la presidenta Sheinbaum señaló el miércoles pasado que las empresas farmacéuticas deberán de entregar los medicamentos requeridos, aun si no han sido cubiertas las deudas que arrastran de tiempo atrás. A pesar de que, según la legislación vigente, un contrato es obligatorio para todas las partes que los signen y no sólo para algunos, la mandataria señaló que los empresarios deberán cumplir con los compromisos contraídos en los contratos.

Cuatro. Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, empleó un jet privado el fin de semana pasado para asistir a una asamblea informativa en Acuña, Coahuila, acompañado por dos personas:  Shamir Fernández Hernández, exdiputado federal por Morena y Pilar de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. El senador habría utilizado la nave durante dos días y habría volado a Torreón y Piedras Negras también. La aeronave, Socata TBM850, es uno de los aviones más lujosos que emplean ejecutivos de alto nivel. Fernández Noroña habría pagado poco más de un cuarto de millón de pesos por la renta del jet por esos dos días. Su salario, ahora que hay no ocupa la mesa directiva, es de alrededor de 127 mil pesos mensuales.

Cinco. Carlos Manzo, edil de Uruapan, Michoacán, solicitó al secretariado ejecutivo de la Secretaría de Seguridad, metralletas FN-Minimi con capacidad para hacer mil disparos por minuto, para "al menos igualar" la capacidad de fuego del crimen organizado. Manzo, electo presidente municipal del lugar en las elecciones del año pasado, en las que contendió como candidato independiente, afirmó que el poderío del armamento que poseen las bandas del crimen organizado refleja que "México es un estado fallido" y que los delincuentes tienen ventajas para actuar en contra de la ciudadanía. Uruapan aparece clasificada por el INEGI como la tercera ciudad mexicana más insegura. Homicidios, secuestros y extorsión son los crímenes con mayor incidencia en el lugar. Manzo, antes de contender por la presidencia municipal, fue diputado por Morena en el trienio 2021-2024.

Seis. Prisioneros recluidos en cárceles de Tabasco que extorsionaban telefónicamente a la población, a nombre de La Barredora, eran golpeados por tablas por personal de las prisiones, o por miembros de la banda allí encarcelados, por órdenes de Hernán Bermúdez, líder de la agrupación criminal y secretario de Seguridad de Tabasco. Asimismo, quienes ignoraban la prohibición o se negaban a incorporarse a la banda de Bermúdez era ejecutados y sus muertes quedaban registradas como decesos causados por COVID, en los años 2020 y 2021. Bermúdez fue recientemente capturado en Paraguay y deberá enfrentar a la ley dentro de poco, con cargos que podrían mantenerlo en prisión el resto de su vida.  

Siete. Alejandro Moreno, luego de protestar por las expropiaciones decretadas en contra de terrenos de su madre por Layda Sansores —a pesar de que ella ha reconocido carecer de pruebas de acciones ilegales supuestamente cometidas por él— denunció a la gobernadora campechana por haber adquirido —en Campeche y Chiapas— terrenos hasta por 143 hectáreas al irrisorio precio de dieciocho centavos por metro cuadrado. Esas propiedades, adquiridas entre 2014 y 2024, dijo el líder del Partido Revolucionario Institucional, no han quedado registradas en su declaración patrimonial y no dio cuenta de ellas en el momento en el que contendió por la gubernatura.

Ocho. En su sesión informativa matutina del martes, la presidenta reportó que en este su primer año de gobierno el promedio diario de asesinatos se redujo considerablemente. Mientras que al asumir el cargo 86.9 personas eran ejecutadas todos los días, ahora solamente mueren 59.5. Esto es una nada despreciable reducción de 32 por ciento. No obstante, el reporte acusó omisiones importantes. La presidenta no dijo, por ejemplo, que aun con esas cifras, México sigue siendo el segundo país del mundo en el que se cometen más crímenes de este tipo, sólo superado por Brasil. Tampoco aclaró que la distancia entre México y Colombia, el tercer país más violento (según fuentes entre las que se incluye el Global Study on Homocide de 2023) sigue siendo, no obstante esta reducción, casi insalvable: en el país sudamericano fueron ejecutados cada día 37 personas el año pasado. México presentaba en 2023, según UNODOC (de la ONU) una tasa de 24.9 homicidios por cada cien mil personas, lo cual lo situaba muy lejos de la media mundial, que es de entre cinco y seis asesinatos. La presidenta tampoco informó que durante estos doce meses de su mandato el registro de personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, asciende a 14,860.