La elaboración del llamado Plan Michoacán, respuesta del gobierno federal al asesinato de Carlos Manzo, demuestra de que el enojo ciudadano michoacano —extendido por todo el territorio nacional— condujo a la presidenta Claudia Sheinbaum a comprender la necesidad de hacer frente al poderío del crimen organizado en la región.  El proyecto es resultado de un inusual reconocimiento gubernamental de que, a pesar de que la política de seguridad de este sexenio marcó diferencias con la sostenida por López Obrador, el crimen organizado ha resistido y mantenido su control en buena parte de las tierras mexicanas.

No obstante, la prontitud con la que la propuesta fue elaborada y presentada a la ciudadanía suscitan preguntas sobre su sentido y dudas sobre su viabilidad.  ¿Por qué, por ejemplo, el plan fue presentado en la Ciudad de México y no en Morelia, la capital de Michoacán? Presentarlo de frente a la ciudadanía agraviada dejando sentir toda la fuerza del Estado ¿no habría sido un golpe de mesa categórico que le habría hecho entender al crimen organizado que gobierno federal y ciudadanos se unen para poner freno a sus actividades ilícitas? ¿Cómo habrán interpretado la lejanía las bandas criminales que asuelan a empresarios, civiles y políticos no alineados, como Carlos Manzo? ¿Como un simple acto mediático tendiente a calmar ánimos pero con escaso fondo? ¿Como un reconocimiento de la incapacidad de las fuerzas del orden para contenerlas? ¿Como la opción más conveniente para evitar exponer a la presidenta a las manifestaciones de repudio popular? ¿No habría conseguido la presidenta "echarse a la bolsa" a los michoacanos inconformes si el plan hubiera sido presentado ante ellos con voz firme y un discurso propio de una Jefa de Estado férrea?  De esa forma, la presidenta habría mostrado solidaridad, a la vez que habría comprometido paz y desarrollo.

El plan no presenta una evaluación de planes anteriores, ni un diagnóstico preciso de la situación que vive Michoacán y que hace posible que la violencia haya alcanzado los niveles actuales. El asesinato de Manzo no es un hecho singular y sólo es posible por una fuerte descomposición política y social que no queda manifiesta en el documento presentado. ¿Por qué planes presentados antes, por Calderón y por López Obrador, resultaron insuficientes? ¿Por qué no alcanzaron sus objetivos? ¿Qué se hizo mal o se dejó de hacer en esos años que ahora tendrá que hacerse mejor? ¿En qué es diferente este plan? ¿Qué garantiza su éxito?

Así, resulta poco claro el compromiso prioritario del Plan de atacar las causas —en línea con los cuatro pilares de la política de seguridad de la presidenta. ¿Se sostiene la creencia de que la pobreza es la principal causa por la que los jóvenes son cooptados por los cárteles? ¿Se asume, por tanto, que con políticas asistenciales esa pobreza será combatida y, así, frenada la reproducción de las fuerzas de combate de los cárteles? ¿Se sostiene esto, a pesar de que en los últimos siete años, cuando los programas sociales han sido cada vez más abundantes, generosos y poco exigentes, los cárteles han incrementado el reclutamiento de jóvenes y de menores de edad? ¿No fue un joven de 17 años el sicario que ultimó a Manzo? ¿Por qué no son incluidas otras causas? Por ejemplo, la complicidad de funcionarios gubernamentales de todos los niveles y el dominio territorial cada vez mayor del crimen organizado. ¿No se hace necesario cortar de tajo la corrupción política mediante la cual los funcionarios se han vuelto miembros de los cárteles o cómplices de ellos? ¿Por qué estos asuntos no son mencionados en el documento? ¿Por qué cerrar los ojos a las complicidades y a la corrupción?

Los planes anteriores fallaron, entre otras razones, porque no plantearon como objetivo recuperar para el estado el control del territorio y el monopolio de la fuerza. ¿No debería ser el objetivo fundamental del plan la recuperación del territorio michoacano por parte del estado, así como también el monopolio de la fuerza? ¿No se requeriría, por tanto, fortalecer a los cuerpos policíacos municipales y al estatal, además de reformar a las agencias del ministerio público y al poder judicial? ¿Cómo pretende esta administración contener, primero, y disminuir, después, el poder del crimen organizado? Detener cabecillas y sicarios, confiscar cargamentos de estupefacientes, desarticular laboratorios de producción ilícitos, detener flujos de armas no han conducido a frenar el poderío criminal. ¿Qué otras acciones se emprenderán para devolver la paz a Michoacán, de manera definitiva?

La presidenta señaló durante la presentación del plan que se emplearán 60 mil millones de pesos para desarrollar el plan. No se ha informado, sin embargo, qué porcentaje de esa cantidad corresponde a aportaciones no definidas anteriormente en otras partidas presupuestales y qué porcentaje corresponde a reasignaciones de recursos. ¿Qué cantidades se destinarán a cada uno de los ejes y con qué criterios se decidieron —o decidirán? ¿La poca claridad sobre los objetivos, las acciones a emprender, las asignaciones financieras para cada una de ellas, así como los organismos y personas encargadas de ejecutarlas y coordinarlas es resultado de la premura con la que el plan ha sido elaborado? Si es así, imposible no hacer la gran pregunta: ¿había que esperar a que el poderío criminal se manifestara como lo hizo, ultimando a una voz crítica que encendiera la ira ciudadana para entonces pensar procesos de pacificación? Después de un año de probar una política de seguridad no nueva, pero sí diferente a la que ejecutada en el último sexenio, sin conseguir avances significativos en la recuperación del poder del estado ¿no resultaba urgente y necesario pensar el asunto con una perspectiva diferente? ¿Llega tarde este plan, no solamente para Michoacán sino para el país entero?

Si el proyecto pretende hacer frente a la pérdida de legalidad que vive Michoacán, someter a la ley a los infractores y devolverles a sus ciudadanos el territorio para que puedan contribuir a desarrollarlo y, de esa manera, alcanzar la paz, el bienestar y más altos niveles de vida, cada una de estas preguntas deberá recibir respuestas claras, contundentes.

Por lo pronto, el anuncio ha sembrado más dudas que seguridades.