Pasadas las elecciones judiciales, continúan presentándose dificultades que hacen evidente la necesidad de hacer varios cambios para que funcione mejor tomando en cuenta las lecciones de la primera experiencia. Se puede seguir discutiendo sobre si la reforma altera el equilibrio de Poderes, si es un avance democrático o todo lo contrario; el hecho es que si la recién inaugurada forma de elegir jueces va a permanecer, habrá mejorarla.

Lo primero es evaluar el trabajo de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes seguramente saldrían reprobados. Resulta inaceptable que el INE tuviera que suspender y reiniciar en tres ocasiones el cómputo de jueces y magistrados porque había candidatos electos que no cumplían el requisito de tener 8 de promedio en la licenciatura y 9 en las materias de la especialidad, cuando es un criterio de elegibilidad. Se anuló el triunfo de 37 candidatos por esa razón, porque los comités no hicieron bien su trabajo. Habría que fijar responsabilidades al respecto, pues al dejar pasar candidatos que no cumplían requisitos mínimos se faltó a un deber constitucional.

El tiempo que tuvieron para realizar las evaluaciones no puede ser excusa cuando el resultado es un juez electo que está en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un delito sexual en Veracruz, o juezas electas luego de que en su ejercicio profesional fueron defensoras de conocidos capos del narcotráfico; juezas vinculadas a la Luz del Mundo, una secta religiosa que tiene a su fundador en la cárcel en Estados Unidos por diversos delitos sexuales contra mujeres, muchas de ellas menores de edad, organización que ha sido señalada en reiteradas ocasiones de colocar sus perfiles en cargos de elección popular; así como perfiles que son deudores alimentarios o con investigaciones abiertas de huachicol.

Inaceptable, también, es que haya candidaturas únicas. Debe haber una reforma para corregir esto, sin importar que los candidatos sean aprobados por más de un comité, es forzoso que haya mínimo dos candidatos por cargo de elección, mejor si son al menos dos hombres y dos mujeres. Esto porque tampoco podemos permitir que, por cuestiones de paridad, deje de darse una competencia. Es preferible que si no se cubren las candidaturas mínimas para que haya realmente competencia, esos cargos no se sometan a elección sino que continúe la carrera judicial.

La cuestión de los acordeones ha sido el elefante en el salón, tan evidente como incómodo, al que nadie ha hecho caso mientras han avanzado los trabajos de los cómputos. Claro que cada ciudadano tiene derecho de llevar su acordeón, el hecho por sí, tras un ejercicio de información sobre quiénes son los candidatos; ello no implica cerrar los ojos ante la realidad de que diversos grupos con intereses políticos diversos circularon acordeones varios. ¿Vamos a permitir que a los ciudadanos les "tiren línea" impunemente? Eso va contra toda la historia del derecho electoral mexicano. Tampoco se debe permitir.

Tema aparte es lo que significa e que implica el porcentaje de participación en la elección. La mayoría de los ciudadanos no acudió a votar porque consideraron que no le entienden a la reforma judicial, porque a ese poder ni siquiera lo conocen. Esos tuvieron tiempo, pero no interés en informarse y participar de manera informada. Otro tanto, no acudió a las urnas como medida de protesta contra la reforma judicial, para tratar de quitarle legitimidad. Unos motivos comprensibles que, no obstante, dejaron el paso libre para que doce de cada cien tomaran decisiones que nos afectan a todos.

Más allá de los acordeones, de los comités, los candidatos, una cosa es cierta: los resultados hablan de lo que los ciudadanos votaron. Muchas cosas en la reforma habrá que mejorar y corregir, sin embargo, lo que salió mejor es el mecanismo en sí por el cual los ciudadanos tuvieron a su alcance las boletas, las marcaron y se contaron sus votos. Aunque se criticó que el cómputo no se hiciera en las mesas directivas de casilla, como en otras elecciones, es comprensible tomando en cuenta la inmensa cantidad de votos que hubo que procesar, por los muchos candidatos y cargos.

Responsabilidades hay para dar y repartir. Hace falta que cada uno asuma la parte que le corresponde para mejorar.