Fue errona la decisión caprichosa del Poder Ejecutivo consentida por el Poder Legislativo para que el Poder Judicial pasara igual por el filtro de una elección por voluntad popular, dada el 1 de junio  de 2025 con un abstencionismo generalizado excepto que entre el 12.57 y un 13.32 concurrieron a votar con el apoyo de un «acordeón»; un infortunio para el depositario del control de constitucionalidad y de convencionalidad, que urge regresar a su l no poder tolerarse la degradación rayando en el ridículo durante cada sesión de pleno con integrantes sin ninguna formación y menos el respeto por la solemnidad.

No tiene la culpa Lenia Batres Guadarrama sino de quien pese a su evidente nula compactibilidad para el perfil fue impuesta como ministra de la Corte, y luego en la votación de integrantes del Poder Judicial volvió a ser designada, aun cuando desde que asumió el 1 de enero de 2024 durante la anterior Corte estigmatizada cono «corrupta» y la actual muestra un total desconocimiento, pese a tener el acompañamiento de un equipo  de colaboradores superior al de las de los demás ministros y ministras.

Más bajo no puede caer el descrédito cuando durante la sesión pública del pleno de la Corte en la transmisión en vivo de la semana anterior una autodenominada «ministra del pueblo» se levantó de su asiento para dirigirse a platicar con el ministro presidente Hugo Aguilar, mientras que un compañero ministro expone los considerandos que sustentan la deliberación de su voto nominativo, situación que causó la indignación.  

La gravedad se hace más elocuente cuando la ministra María Estela Ríos González acusa del mismo problema al no tener los argumentos que exige ser ministra, sobre todo cuando esta en primera instancia integró esa terna enviada por el Ejecutivo de la anterior administración; siendo que esta fungía como consejera jurídica de la presidencia de la República, y Batres Guadarrama era parte de su personal.

Sin filia ni fobia alguna ni que se pretenda apelar a una violencia de género, preocupa la improvisación en cada uno de los nueve integrantes de la Corte, así como de magistrados, jueces y demás cargos que antes procedían de un riguroso servicio profesional de carrera y ahora esa primera parte sustituida por el nuevo esquema de elección por voto popular no ha dejado de haber sesiones del  Senado, y en su caso de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los que se informe sobre renuncias y sustituciones.

En el contexto de un necesario reconocimiento a un error de filtrar mediante el voto popular al Poder Judicial Federal, el Senado de la República independiente del régimen debe restaurar y asumir la atribución suya para designar mediante un comité técnico a cargo de las escrupulosas evaluaciones que preceden a las entrevistas con congresistas para asegurar la designación de los perfiles idóneos en el caso de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a considerar una convocatoria pública en vez de las ternas que solía enviarse desde el Poder Ejecutivo.

Debe además restituirse el Servicio Profesional de carrera que asegure la formación y evaluaciones que acrediten la manutención del cargo o bien la separación, así como los ascensos; acompañados de un sistema disciplinario que considere sanciones para aquellos integrantes a los que se les acrediten actos inmorales y de corrupción. 

El Estado de Derecho, implicado en este de inicio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes y Reglamentos, no admiten ser juguete de absolutamente nadie, independiente del régimen del que se trate que gobierne el país.

La genuina de división entre los Poderes de la Unión; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe restaurarse para una nación mexicana que en el precepto del artículo 40 constitucional federal se reconoce como una República popular, laica, democrática, además de federalista entre las 32 entidades estatales que la integran.

No porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita y reconozca la inconstitucionalidad de reformas al Estado de Derecho quiere decir que se está en contra, sino que por lo contrario por en su naturaleza se responsabiliza de que se preserve el equilibrio de la justicia.

En el andamiaje debe restituirse las prerrogativas de los recursos de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que fueron borradas del artículo 105 constitucional, haciendo a un lado el estigma autoritario, autoimpuesto por el régimen en el caso de las legislaciones en el ámbito federal al Estado de Derecho.

De origen, México se rige por principios democráticos en su vida interna y hacia el exterior.

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